Autoridades y concesionarios deben asegurar un transporte público de calidad a los usuarios y garantizarles el derecho humano a la movilidad, pues así lo dice la constitución, señaló el Asesor Jurídico de Víctimas, Ángel Durán Pérez.
"En Colima aumentaron el boletaje de 8 a 12 pesos, me parece que Tecomán y Manzanillo 13 pesos, pero los concesionarios se comprometieron a mejorar las condiciones del servicio público en todo el estado incluyendo capacitación, mejorar el servicio, cumplir con las rutas, ser puntuales, cambio de camiones, mejorarlos para gente con discapacidad, una serie de cambios que ellos sabían perfectamente que la sociedad se los estaba reclamando, sin embargo, la sociedad sabrá también que desde hace varios años no se había aumentado el boletaje y que el estado no les había ayudado a los concesionarios para que mitigaran el impacto del aumento de gasolina y esto ocasionó que la iniciativa privada que les vende los camiones no les dieran créditos, una serie de problemas que se tenían, sin embargo, a raíz que ellos aceptan y están de acuerdo, se comprometieron a algo que hasta la fecha no se ha cumplido. Las organizaciones de concesionarios del transporte público por más que se les vea la intención de cumplir con esas promesas ahora están dando pretextos, razones y motivos del porqué no pueden cumplir y me parece delicado porque no debemos olvidar que el derecho a la movilidad pública el derecho a la movilidad social es un derecho humano que lo tenemos en la constitución es obligación del estado garantizar que la población independientemente donde te encuentres haya forma de trasladarse de un lugar a otro, y a eso se dedica el transporte público, el estado lo concesiona a particulares y este tiene que dar un buen servicio que garantice movilidad, buen trato, que no corra riesgo la población y que finalmente haya una infraestructura total en donde la sociedad pueda trasladarse sin ningún riesgo".