Más de mil trabajadores que estuvieron o están dados de alta en las nóminas de primarias, preescolares, oficinas administrativas secundarias y otras dependencias del área educativa en el estado de Colima, no son conocidos en sus centros de trabajo y no se dio alguna explicación al respecto por parte de sus superiores ante la ausencia en sus labores durante el 2018, pero si recibieron el pago de nómina correspondiente.
Así lo registró el Informe especial Pase de lista del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y gasto Operativo (FONE) 2018 que realizó la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la unión en las 32 entidades del país.
Esta herramienta tiene como fin dar seguimiento a través de una plataforma electrónica al uso de los recursos asignados por la federación para el pago de nómina de trabajadores del área educativa, que en el caso de Colima ascienden a 3 mil 259.8 millones de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad.
De esta manera se auditó el pago a 9286 trabajadores que cubren 14 mil 961 plazas en 892 centros de trabajo, ya sea como docentes, administrativos, directivos o supervisores; de los cuales 3 mil 789 no se localizaron en sus centros de trabajo y de ellos mil 164 no fueron ni siquiera identificados por el responsable del lugar, otros 986 no estuvieron por cambio de adscripción, 388 porque estaban en trámite de jubilación o pensión y otros 691, porque laboraron parcialmente.
En el documento también se aprecia que el 40% de las inasistencias que tienen los trabajadores de la educación en Colima no son aclaradas o justificadas en los centros de trabajo
El informe detalla que en la entidad ha disminuido la participación de las autoridades para llenar los cuestionarios de este tipo de estudios, pues mientras que en 2017 se respondía al 100% de los cuestionarios en el 2018 solo se llenó el 72.8%, y de igual forma ha disminuido el involucramiento de padres de familia y otros actores pues solo se formaron el 64.9 % de los Consejos escolares de Participación, integrados por Directivos, Docentes, Padres de familia y organizaciones civiles para hacer gestión y dar seguimiento al uso y aplicación de los recursos.
Cabe mencionar que tras finalizar el informe las entidades tuvieron 30 días para aclarar los resultados y hacer las observaciones que consideraron pertinentes, antes de que fuera publicado.