La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR) instalaron por primera vez el Comité Directivo encargado de dar seguimiento y evaluar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Este órgano colegiado se reunió por primera vez el 17 de abril de 2025, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el programa.
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, encabezó la sesión inaugural y destacó el compromiso del gobierno mexicano de construir un país libre de tortura, donde se respete plenamente la dignidad humana.
Medina recordó que la Ley contra la Tortura, publicada el 26 de junio de 2017, es la base para crear este programa nacional, el cual debe ser implementado y supervisado por la FGR, encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero
El Comité Directivo está integrado por 25 representantes de diversas instituciones, incluyendo los tres Poderes de la Unión ?Ejecutivo, Legislativo y Judicial?, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.
Su función principal es verificar los avances en la ejecución del programa, además de emitir recomendaciones, observaciones y lineamientos que aseguren su correcto funcionamiento.
Desde 2019, la FGR, en colaboración con la Secretaría de Gobernación, impulsó un proceso participativo para la elaboración del programa, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación mediante el Acuerdo A001-2025.
Este documento establece seis objetivos, 13 estrategias y 104 líneas de acción orientadas a prevenir y sancionar la tortura, así como a proteger y asistir a las víctimas
El programa nacional incluye acciones concretas como campañas de capacitación para servidores públicos, fortalecimiento de protocolos de investigación y judicialización de casos de tortura, así como medidas de protección para testigos y víctimas.
Además, contempla la creación de fiscalías especializadas y la consolidación del Registro Nacional del Delito de Tortura para mejorar la atención integral a quienes han sufrido este tipo de violaciones.
