¿Podrá Trump eliminar la ciudadanía por nacimiento?
La propuesta de Donald Trump de eliminar la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento en su territorio se enfrenta a un nuevo obstáculo legal.
El miércoles, una jueza federal ordenó una segunda pausa a nivel nacional sobre su orden ejecutiva, calificando la ciudadanía como el "derecho más precioso" que debe ser protegido. Esta decisión podría retrasar indefinidamente la implementación de la polémica medida.
La jueza Deborah Boardman, designada por el presidente Joe Biden, rechazó la interpretación de la administración Trump sobre la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece la ciudadanía por derecho de nacimiento. En su fallo, Boardman señaló que "ningún tribunal en el país ha respaldado esta interpretación" y advirtió que el caso de Trump no sería el primero en hacerlo. Además, destacó la importancia de la ciudadanía como un derecho fundamental e irrenunciable.
El fallo se produce después de que una demanda separada presentada por varios estados, entre ellos Washington, ya había detenido temporalmente la orden de Trump a nivel nacional.
En total, 22 estados y diversas organizaciones han solicitado la cancelación de esta medida, argumentando que violaría derechos constitucionales fundamentales. La jueza Boardman accedió a la solicitud de una orden preliminar después de escuchar los argumentos de los demandantes, incluyendo grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y madres embarazadas.
El centro de la disputa legal se encuentra en la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil, para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados y afroestadounidenses. Esta enmienda establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos". Los demandantes defienden que este principio ha sido clave en la construcción de la identidad nacional y debe seguir vigente.
Por otro lado, la administración Trump argumenta que los hijos nacidos de padres que se encuentran en el país de manera ilegal no deberían tener derecho a la ciudadanía, ya que no están "sujetos a la jurisdicción" de los Estados Unidos. Sin embargo, los opositores a la medida aseguran que esto alteraría un principio constitucional fundamental que ha perdurado por más de un siglo.
Además de los 22 estados que se oponen a la medida, 18 fiscales generales republicanos han manifestado su apoyo a la orden de Trump, uniéndose a una demanda federal en Nueva Hampshire. Esta división entre estados demuestra lo controversial de la propuesta y la incertidumbre que genera en la política estadounidense.
Estados Unidos es uno de los pocos países que aún aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio conocido como jus soli. Solo alrededor de 30 países alrededor del mundo otorgan ciudadanía a los nacidos en su territorio, y en América, países como Canadá y México también lo garantizan. La medida de Trump, si llegara a implementarse, cambiaría profundamente la dinámica migratoria en el país y afectaría a miles de personas nacidas en suelo estadounidense.
Desde que asumió la presidencia, Trump ha impulsado numerosas políticas migratorias que han generado intensos debates y desafíos legales. Su propuesta sobre la ciudadanía por nacimiento se enmarca en su agenda de seguridad fronteriza, aunque sus iniciativas han enfrentado una creciente resistencia tanto a nivel judicial como en el ámbito político. La lucha por la ciudadanía y los derechos de los inmigrantes continúa siendo un tema central en el panorama político estadounidense.