Más de dos mil estudiantes deportistas de primaria y secundaria iniciaron su participación en los Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica 2024-2025, como parte del respaldo del Gobierno de Sonora a las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para fomentar estilos de vida saludable en las escuelas mediante la activación física.
El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, presidió la ceremonia inaugural, donde alentó a niñas, niños y adolescentes a elegir una vida saludable y aprovechar todos los programas y estrategias deportivas que impulsa el gobernador Alfonso Durazo, como parte de una política educativa que pone en primer lugar el bienestar físico, emocional y social del alumnado sonorense.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, resaltó el esfuerzo realizado por entrenadores, auxiliares, miembros del comité organizador, la comunidad escolar, madres y padres de familia, así como tutores, para impulsar la práctica de algún deporte como hábito de vida saludable, a través de las distintas etapas eliminatorias que tuvo el evento.
Asimismo, enfatizó que la actividad va en concordancia con la Estrategia Nacional "Vive Saludable, Vida Feliz", impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para promover que las nuevas generaciones desarrollen habilidades y destrezas que les permitan tener una vida saludable, alejada de la delincuencia y otros factores de riesgo.
Del 8 al 11 de abril, los representantes de escuelas públicas y particulares de diferentes municipios de la entidad competirán en ajedrez, atletismo, basquetbol, taekwondo, futbol asociación, handball, voleibol, bádminton, tenis de mesa, beisbol, softbol, futbol 5 y beisbol 5.
Durante la ceremonia, se hizo un homenaje a la trayectoria de más de 40 años del maestro Martín Martínez Herrera, incansable promotor del deporte y formador de muchas generaciones de alumnos de nivel básico y superior, siendo esta la primera vez que los Juegos Deportivos llevan el nombre de una persona.
Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen bajo el cuidado del Estado.
Muchos de ellos llegan a esta situación tras haber sido abandonados, víctimas de violencia, negligencia o por la muerte de sus padres. Son menores que, por diversas razones, no pueden vivir con su familia de origen.
La sociedad suele pensar que todos los menores en esta condición serán adoptados y que esa adopción resolverá su situación. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.
Aunque la adopción es una opción importante y deseable, representa solo una pequeña parte del universo de soluciones posibles para estos menores. En realidad, una gran parte de ellos no llegan a ser adoptados. En cambio, pasan años en instituciones como albergues o casas hogar, esperando una resolución a su situación legal, familiar o emocional. En muchos casos, ese momento nunca llega.
Con el paso del tiempo, estos menores crecen sin encontrar una familia que los acoja, y cuando cumplen 18 años, el Estado deja de ser legalmente responsable de ellos.
Es entonces cuando deben enfrentar solos la vida adulta, sin un entorno familiar que los respalde, sin redes de apoyo y muchas veces sin las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Un sistema pensado como medida temporal
Según el Sistema Nacional DIF, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional logran regresar con su familia de origen en algún momento.
Pero para aquellos que no pueden hacerlo, existen cuatro tipos de cuidado alternativo contemplados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la reunificación con familia extensa, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial. Todos estos, salvo la adopción, son considerados medidas temporales.
Esto significa que los menores no están destinados a permanecer de forma permanente en estos espacios. El objetivo del sistema es que el cuidado alternativo funcione como una etapa transitoria mientras se logra una solución duradera, idealmente el regreso a un entorno familiar seguro. Sin embargo, esa solución no siempre se alcanza.
Una de las razones es que menos del 20% de los niños en instituciones son susceptibles de adopción. Esto se debe, principalmente, a que no han sido legalmente declarados en abandono o porque sus familias conservan la patria potestad aunque no los cuiden. Mientras no se resuelva su situación jurídica, no pueden ser adoptados, por lo que permanecen por años en casas hogar sin posibilidad de integrarse a una familia.
La vida dentro de una institución
La institucionalización prolongada tiene impactos negativos profundos.
De acuerdo con la UNAM, México no ha atendido adecuadamente la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño de evitar que los menores pasen largos periodos en instituciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Los efectos de vivir por años en una casa hogar pueden ser graves. Según la UNAM, por cada año que un menor de tres años permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. Además, se ha documentado que la violencia en estos espacios es seis veces más común que en los hogares de acogida, y la violencia sexual es cuatro veces más frecuente.
A veces, incluso cuando los niños ya podrían ser adoptados, su situación no avanza debido a obstáculos burocráticos o falta de interés. Es lo que algunos especialistas llaman "secuestro filantrópico": niños que viven en instituciones bajo un enfoque asistencialista, sin planes reales para que puedan integrarse a una familia.
La vida después del sistema
Cuando los menores que han vivido institucionalizados llegan a los 18 años, el Estado deja de tener responsabilidad legal sobre ellos.
En ese momento se convierten en adultos y deben enfrentar por sí mismos decisiones fundamentales: dónde vivir, cómo estudiar, cómo conseguir trabajo o atención médica. Esta transición puede ser sumamente difícil, especialmente para quienes no tienen redes de apoyo ni recursos económicos.
De acuerdo con el sitio Expertos en Leyes, estos jóvenes tienen derecho a continuar con su educación, acceder a servicios de salud, conseguir empleo y encontrar vivienda. También deben contar con apoyo psicológico y emocional para afrontar el cambio. Sin embargo, ejercer esos derechos no siempre es posible. Muchos de estos jóvenes carecen de información, herramientas, acompañamiento o estabilidad emocional.
El riesgo más inmediato es quedarse sin un lugar donde vivir. Aunque existen algunos programas de apoyo, estos no son suficientes para cubrir a todos los jóvenes egresados. Algunos terminan en situación de calle, mientras otros enfrentan pobreza, explotación laboral o incluso problemas graves de salud mental. Sin una red familiar ni institucional sólida, muchos se enfrentan solos a un entorno hostil.
Además, estos jóvenes suelen sentirse aislados y sin rumbo. La soledad, la falta de una comunidad o de alguien que los guíe puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, conductas de riesgo. Muchos no conocen sus derechos laborales o como inquilinos, y no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independientes.
A pesar de que existen iniciativas para apoyar a estos jóvenes durante su salida del sistema, siguen siendo esfuerzos limitados. Es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento, que se capacite a los profesionales que trabajan con esta población y que se generen redes de apoyo comunitarias sólidas.
También se requiere una transformación del sistema de adopciones y del enfoque asistencialista que ha predominado hasta ahora.
La niñez institucionalizada y los jóvenes que egresan de casas hogar siguen siendo invisibles para gran parte de la sociedad. Es necesario visibilizar su situación, reconocer sus derechos y construir políticas públicas centradas en su bienestar y desarrollo integral. Garantizarles un futuro digno no debería ser una excepción, sino una prioridad.
Agua sucia, fugas de agua y costos elevados son los principales reclamos de la ciudadanía hacia la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV).
"Pero nos están cobrando grandísimas cantidades del agua, a mí se me hace muy fuerte 800 pesos el bimestre para la basura de agua que me cae, entonces que me tengo que bañar con cubeta y esperar para que se asiente para bañarme".
Vecinos y vecinas de las colonias de Colima y Villa de Álvarez denuncian que hacen los reportes correspondientes sin embargo las autoridades no solucionan, su justificación es que las anteriores administraciones tienen la culpa, cuando lo importante es que la ciudadanía cuente con agua limpia y de calidad
"Decirles que es un tema estructural, tiene que ver con las factibilidades que entregaron en otras administraciones, pero ese pozo cuando lo hicieron no dimos nosotros ese permiso pero ya estamos trabajando en soluciones, se han hecho desfogues, se han hecho limpieza de los tanques".
Tras una manifestación de vecinos las autoridades de Ciapacov se comprometieron a realizar reparaciones en este año, sin embargo no son las únicas colonias, hay muchas más con estas problemáticas.
"Yo soy vecina también de Tulipanes, nuestros baños se han tapado y además es una zona residencial por eso es que nos cobran el agua tan cara y para esta calidad de agua no se vale".
A lo que se le suman las fugas de agua en calles principales, cerca de escuelas e instituciones de salud que son foco de infección para la población.
Durante el periodo vacacional que acaba de concluir, cayó el turismo en la zona norte del estado de Colima, que comprende los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán.
En semana Santa se registró una disminución del 15% en ocupación hotelera en relación al 2024, mientras que en semana de Pascua la disminución fue del 18%.
"El turismo se está deteniendo en Colima, en el pasado Manzanillo ocupaba lo9s días santos principalmente en ocupación bastante importante y eso hacía que en la plaza de Colima comenzara a tener una ocupación de rebote, como no fue el caso tuvo una caída Manzanillo también se sintió en la zona norte".
Enrique Aguirre, Presidente de la Asociación de Hoteles y Prestadores de Servicios Turísticos de la Zona Norte de Colima explicó que la afectación pudo deberse a varios factores, destacando los trabajos de ampliación de la Autopista Colima-Manzanillo, aunado a la falta de promoción turística, la cual se tiene que realizar con bastante anticipación a cada temporada vacacional.
"por ello creemos que debemos de trabajar, de buscar que se hagan campañas en los mercados con mayor anticipación, resaltando los atractivos, los productos turísticos y haciendo también eventos que atraiga al turista // creo que hay que trabajar mucho con las autoridades desde la promoción turística así como la definición de los productos turísticos".
La situación económica, la inflación y la ola de violencia que se registra en la entidad, también son factores que impactan en la llegada de turistas.
"Sin duda de que nuestros paisanos tienen miedo, han dejado de venir, hemos visto una caída importante, nuestros connacionales que venían y pasaban estancias de 10, 15 noches, en los últimos tres meses hemos visto una caída".
El líder del sector dijo que buscarán reunirse con autoridades y trabajar en equipo para sacar adelante el destino turístico, pues a estas alturas ya se tendría que estar realizando la promoción del periodo vacacional de verano.
