Por: Dalia Rojas
En México, el 40% de las personas detenidas bajo prisión preventiva oficiosa, no han recibido sentencia, la mayoría son mujeres o personas de bajos recursos, de acuerdo con datos de la organización México Evalúa. Esto, se traduce en que la mayor parte de las personas que son encarceladas en México, están en prisión sin que aún se les haya probado que cometieron un delito.
Es el caso de Catalina, una mujer perteneciente a la comunidad Wixarika, que estuvo dos años en la cárcel, por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual. Su proceso estuvo plagado de irregularidades desde un inicio, ya que pese a no hablar español, nunca se le asignó un traductor, además tampoco fue investigado con perspectiva de género ni de derechos humanos.
El abogado, José Cabrera, señaló "Durante todo el proceso que ella tuvo que tener en la penal femenil, fue una gran hecatombe porque no había traductores. Nunca entendió porque estuvo recluida en el penal, todo lo que le generó que tuvo que dejar niños muy pequeños al cuidado de nadie. Queda claro que el juzgador no aplicó la razón aun y pesar de los errores que tuvo la Fiscalía".
Según México Evalúa, desde la reforma constitucional realizada en 2019 al artículo 19 constitucional, la aplicación de esta figura se incrementó 27%. A decir de especialistas, además de contravenir tratados internacionales, vulnera gravemente los derechos humanos.
Felipe de Jesús Álvarez, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, indicó, "La prisión preventiva de manera oficiosa y como está redactada en nuestra Constitución contraviene sin duda, principalmente artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esto debe ser interpretado de la manera más favorable para la protección de los derechos de las personas"
De acuerdo con datos de México Evalúa, hay estados donde el problema es aún más alarmante, como Baja California, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, donde se aplica esta medida en nueve de cada 10 casos. A nivel nacional se aplica en tres de cada cinco.
José Cabrera, agregó "La mayoría de jueces vienen de la cultura del sistema penal anterior y en ese sentido son punitivos, consideran que la prisión es la medida más eficaz para responder al alto índice de criminalidad, aún a pesar que las pruebas que aporta la Fiscalía no son suficientes".
Hasta junio pasado, en México, 226 mil 916 personas se encontraban privadas de su libertad; del total, 92,595, en prisión preventiva, de acuerdo al Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.