La secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que ya declararon ocho presuntos responsables de la tragedia, entre ellos cinco elementos de la empresa de seguridad que custodiaban la estación, dos agentes federales y uno del Instituto Nacional de Migración (INM) y que iniciará proceso para la reparación del daño a las familias afectadas. La funcionaria dijo nuevamente que no habrá impunidad.
Se emitieron 6 órdenes de aprehensión contra 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos policías de seguridad privada y contra la persona que inició el incendio, por los delito de homicidio doloso y lesiones.
"Se revisó todo el expediente de la empresa de seguridad privada que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual es grupo de seguridad privada Camsa S.A de C.V, cuya solicitud de registro ante la dirección general de seguridad privada de esta Secretaría es del 3 de septiembre de 2020 con una autorización vigente hasta febrero del 2024. Se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional
Ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George Malpai así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la república para las investigaciones correspondientes.
También informó que ya fue dada de alta uno de los migrantes que resultó herido tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez; 27 migrantes aún permanecen hospitalizados.
Sara Irene, titular de la Fiscalía Especializada en derechos humanos dijo que hay seis órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.
De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en la instalaciones ubicadas en 23 estados de la república la empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y los informes mensuales que está obligado a rendir no reportó altas o bajas del personal.
