Las autoridades estatales están filtrando constantemente, a través de los medios de comunicación, documentos para crear una percepción de que los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya son culpables sin una judicialización previa, a pesar de que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que poner ante medios a personas sin recibir sentencia judicial firme y en contra es violar la presunción de inocencia, indicó Ramón Bonilla, director de la Facultad de Derecho Mazatlán
El integrante del Cuerpo Jurídico para la defensa de la universidad, señaló que los procesos que se están llevando en contra de funcionarios universitarios, que cabe resaltar son situaciones inventadas y hechas a "chaleco", tienen como característica el violentar la presunción de inocencia, pues apenas en la Conferencia Semanera de este lunes, el Gobernador Rubén Rocha Moya hizo algunos comentarios y juicios sumarios respecto de esos asuntos jurídicos.
Indicó que, en todo caso, el Gobernador no tendría por qué estar enterado de ello porque, legalmente, la Fiscalía General del Estado es autónoma, aunque pareciera que a la usanza del viejo régimen, el órgano procurador de justicia le informa todo lo que hace al Ejecutivo Estatal. Asimismo, pareciera que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen la estrategia sobre qué van a hacer con los funcionarios, pues Rocha Moya ya ha hablado incluso de responder ante los "jueces" por los supuestos cargos imputados.
"El juez o el Poder Judicial no debe de estar enterado de lo que es la carpeta de investigación, pero si ya están haciendo esos comentarios, deduzco que hay una comunicación sesgada, arbitraria, abusiva, inconstitucional, entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, cuando no debía de ser así. Esto es para que tengas idea de la gravedad de las cosas, de lo que está sucediendo en este momento aquí en Sinaloa, donde hay toda la utilización de la fuerza del Estado, de todas las instituciones del Estado para inculpar a personas de delitos", comentó.
Bonilla Rojas aclaró que, de acuerdo con lo que se ha filtrado, el Gobierno del Estado no debiera tener injerencia pues ni siquiera es parte formal de las carpetas de investigación, por lo que llama la atención que estén enterados de todo, cuando supuestamente fueron particulares los que presentaron la denuncia, así como la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES), dependiente de la Fiscalía. Ello da a entender que de ahí el Ejecutivo está armando todo un escenario jurídico penal para inculpar a funcionarios e inventarles delitos.
El académico señaló que, por desgracia, hay tantos delitos en Sinaloa como homicidios y feminicidios, incluso no se ha logrado el esclarecimiento del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, pero si se tiene todo un aparato de Estado para perseguir a funcionarios de la Universidad y hacer juicios mediáticos para que, a partir de ahí, querer someter a proceso legal y someter a funcionarios. A ello se le suma las declaraciones del mismo Gobernador señalando que el juez verá si separa o no del cargo al Rector.
"Gravísimo que estén ellos pensando o ideando cómo derrocar a un Rector, incluso utilizando una vía legal. Gravísimo sería que lo hicieran pero, aclaramos, si eso hipotéticamente pasara no tengo duda que un juez de distrito, un juez federal va a restituir al Rector en caso que hubiera una situación así", comentó
