Una suspensión provisional derivada de un amparo promovido por Salvador Pérez Martínez, Secretario de Finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ordena que el Gobernador Rubén Rocha Moya y la Fiscal General de Sinaloa Sara Bruna Quiñonez Estrada, se abstengan de hacer cualquier tipo de señalamiento sobre la presunta responsabilidad del funcionario en la comisión de delitos.
Lo anterior lo dio a conocer José Ramón Bonilla Rojas, integrante del Cuerpo de Abogados de la institución, quién detalló que está re solución fue tomada por el Tribunal Colegiado.
De igual forma el abogado informó que un juez federal ordenó que un funcionario judicial pueda revisar las supuestas denuncias que hay ante la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica UIPES) ya que el funcionario no ha sido notificado pero se ha dado a conocer el tema a través de los medios de comunicación, lo cual es irregular.
