Amplían plazo de investigación por colchones podridos
La investigación por la compra de mil 380 colchones podridos se amplió dos meses más.
La defensa de Carlos Baltazar Castro Olivas, ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, señaló que ese tiempo sirve para que se reúna entrevistas y comprobantes fiscales.
Castro Olivas es el único implicado por la compra de los colchones después de las inundaciones que ocurrieron por la depresión tropical 19-E, en septiembre del 2018.
La Secretaría de Desarrollo Social entregó esos colchones como apoyos por la devastación tras las inundaciones, los cuales, después fueron rechazados por los beneficiarios tras descubrir que emitían olores fétidos y que eran muebles usados con una cobertura fácil de desprender.
Castro Olivas señaló que la compra se hizo en Guadalajara, Jalisco, y que tenía pruebas suficientes para demostrar que se hizo un trámite legal.
Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas lo separaron de su cargo y lo denunciaron por desempeño irregular de la función pública y peculado.
El caso llegó a tribunales, donde se dieron cuatro meses para que la defensa y la Fiscalía Anticorrupción reunieran pruebas.
Sin embargo, se pidió más tiempo para completar las pruebas, entre ellas entrevistas con personas en Guadalajara.
Además, la Fiscalía anunció estar a la espera de una solicitud que se hizo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para indagar en qué se usó el dinero, así como al Servicio de Administración Tributaria para comprobar la veracidad de las facturas entregadas.
