Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), se presentó a comparecer ante un juez en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el caso del incendio en la estación migratoria el pasado 27 de marzo, en la que perdieron la vida 40 migrantes y 25 más resultaron heridos. Sin embargo, la audiencia fue diferida para el martes, porque su defensa no tuvo oportunidad de revisar la carpeta de investigación en contra de su cliente.
El servidor público es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), del delito de ejercicio ilícito de servicio público, aun cuando este delito no tiene prevista la prisión preventiva, el Ministerio Público, podría solicitar la aplicación de esta medida cautelar al juez de control, si considera que existe riesgo de fuga y que no hay garantías de que el funcionario continúe con su proceso.
El Código Penal Federal, en su artículo 214, establece que el delito que se le imputa al comisionado del INM tiene una pena de dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días multa.
El funcionario tendrá que responder por la supuesta omisión en el cumplimiento de sus funciones, que son vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
Al salir del centro de justicia, Garduño Yáñez, dijo a los medios de comunicación que desde el día de la tragedia, se ha dedicado a apoyar a los migrantes que resultaron heridos, así como a las familias de las personas que murieron. Señaló que ha estado en comunicación permanente con los consulados de los países de donde los migrantes muertos eran originarios para coordinar la entrega de los cuerpos.
Actualmente hay tres funcionarios de la estación migratoria siniestrada que se encuentran presos de manera provisional; se trata de Eduardo Apodaca, jefe del Departamento de Recursos Materiales, Juan Carlos Meza, el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes y Cecilia Rivera, agente de migración.
