Bajo reserva por cinco años expediente de Academia de Beisbol

El expediente de la denuncia por presuntas irregularidades en la obra de la Academia de Beisbol, iniciada en esta ciudad en 2014, fue reservado por cinco años, "toda vez que la divulgación de información pone en riesgo la vida del servidor público que fue denunciado". Esto sucedió luego de que Iniciativa Sinaloa, la asociación denunciante, tras siete años de haber interpuesto la denuncia, fue notificada por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) del archivo y conclusión del caso por supuestamente no encontrar pruebas de ninguna falta administrativa, pese a que la organización en una investigación periodística documentó que de 4 de cada 5 contratos para esta obra debieron licitarse. En cambio, el Gobierno del Estado optó por hacerlo mediante la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, una figura que fue eliminada en la reforma de 2020 a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa por su alta discrecionalidad en la selección de contratistas o proveedores. Ante esta resolución, Iniciativa Sinaloa solicitó vía acceso a la información pública conocer dicho expediente para ver cómo fue el curso de las investigaciones con las cuales se llegó a esta conclusión. La reserva de la información se dio a conocer el pasado 02 de abril vía correo electrónico, en la que se adjuntó el acuerdo que deja de manifiesto que esta clasificación se dio por la solicitud de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, a cargo de Susana Elizabeth Gastélum Armenta. Dependencia perteneciente a la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la STRC. En este caso utilizaron el discurso de derechos humanos y enfatizaron sobre la protección del funcionario denunciado, José Luis Sevilla Suárez, titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a cargo de los trabajos de la Academia de Beisbol. En relación a esto, la Dirección de Quejas solicitó al Comité de Transparencia clasificar la información, con argumentos como este: "Entre los derechos humanos que se deben cumplir se encuentra la presunción de inocencia, por lo que las autoridades deben de actuar con moderación, sin comprometer en el desempeño de sus funciones el nombre u otros datos que permitan saber de qué servidor público se trata ya que se estaría violentando el derecho fundamental de ese individuo" (sic). Para Iniciativa Sinaloa, la reserva de información en este caso no es aceptable debido a que el artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, señala que no se podrá invocar la reserva cuando se trate de: I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; y, II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. La organización de investigación ciudadana lamenta la opacidad de las autoridades encargadas de investigar faltas administrativas o hechos asociados a corrupción, puesto que no solo dan carpetazo a las investigaciones sin ninguna rendición de cuentas, sino que además impiden que la ciudadanía conozca los expedientes, que debieran ser públicos. Asimismo, la asociación asegura que la entrega de la información solicitada no violenta el principio de protección a datos personales, puesto que se hizo la petición del expediente en versión pública. Tampoco el debido proceso al ser un proceso concluido y archivado, según notificación de la propia autoridad. Debido a esto, Iniciativa Sinaloa interpondrá recurso de revisión contra esta reserva de información, puesto que para conocer el trabajo de las instancias investigadoras, como en este caso de la STRC, se requiere que los expedientes en casos de probable corrupción sean públicos.