En noviembre de 2019 Iniciativa Sinaloa presentó una investigación denominada "PRECASIN: la caja negra del Gobierno de Sinaloa", dónde denunciaban que en tres años de la administración de Quirino Ordaz Coppel, de 2017 a 2019, se habían realizado obras a través de este organismo que ascendían a mil 227 millones de pesos.
De acuerdo con el documento, y la investigación realizada, al menos el 91 por ciento de las obras, que representan mil 122 millones de pesos, debieron ser licitaciones, pero se fraccionaron para que la ley permitiera que las asumiera de forma directa PRECASIN, lo que representa una serie de delitos relacionados con la corrupción, que motivó a la organización a proceder legalmente.
Marlene León Fontes, Presidenta de Iniciativa Sinaloa
"El 27 de febrero de 2020 Iniciativa Sinaloa presenta una denuncia administrativa... Por peculado, abuso de funciones y encubrimiento".
El tiempo transcurría y la Secretaría de Transparencia no daba indicios de avance en las investigaciones y seguimiento de la denuncia, por lo que los representante legales recurrieron a un amparo indirecto por omisión de la autoridad, el cual fue presentado en el marco del día internacional de la corrupción, el 09 de diciembre de 2021.
No obstante fue hasta abril del 2022 cuando se tiene una resolución, en la que se le dice a la organización que la Secretaría de Transparencia sí está atendiendo el tema, y que no tiene un plazo establecido para que emita una sentencia en torno a su denuncia.
Marlene León Fontes, Directora General de Iniciativa Sinaloa
"Si nos parece lamentable que se estén excusando en el tema de los plazos, que no tienen plazo que los obliguen a dar una celeridad a estas investigaciones, y también nos parece lamentable de que se excusen en el tema de que no tienen elementos humanos o financieros para darle continuidad".
De acuerdo con la Directora de Iniciativa Sinaloa, la burocracia, y la falta de atención a este tipo de denuncias que señalan la corrupción, no hacen más que desmotivar a la sociedad, se demuestra que los sistemas Anticorrupción no funcionan, y que sigue habiendo complicidad entre las autoridades para no castigar a quienes hacen uso indebido del recurso público.