Alberto Morones, Consejero Consultivo del Instituto de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha mostrado inconformidad por la distribución de recursos que pretende realizarse en el recién creado organismo, ya que asegura más del 80 por ciento del recurso se pretende destinar a temas administrativos y no a medidas de prevención y protección que fue el fin con el que fue instaurado.
El Consejero afirmó que es un capricho de la titular del Instituto Jenny Bernal Arellano, el tener mucho personal, sobre todo cuando exige tener secretaria y chófer y cargarlo a la nómina.
Además, consideró exagerado lo que pretende destinar a compra de vehículos y renta de oficinas, ya que en eso se iría anualmente la mayor parte del presupuesto, y poco se haría por la defensa de periodistas y activistas, formando prácticamente una oficina burocrática más.