El Presidente de Rusia Vladimir Putin, tiene una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), al igual que María Alekseyevna Lvova-Belova, funcionaria de su gobierno. Los acusan de deportación ilegal y traslado ilegal de niños en Ucrania.
De acuerdo con el tribunal, las acciones se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del este.
Lvova-Belova es la funcionaria rusa en el centro del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia.
La CPI asegura que Putin es "presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa".
"Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros? y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos". mencionaron.
Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente Ruso también fue "presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños)" de las partes ocupadas de Ucrania, según a la CPI.
Según Estados Unidos y varios gobiernos europeos, la administración de Putin ha llevado a cabo un plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia, a menudo a una red de decenas de campos, donde los menores son sometidos a reeducación política.
"Los esfuerzos de Lvova-Belova incluyen específicamente la adopción forzosa de niños ucranianos por familias rusas, la llamada 'educación patriótica' de niños ucranianos, cambios legislativos para agilizar la concesión de la ciudadanía de la Federación Rusa a niños ucranianos y la expulsión deliberada de niños ucranianos por las fuerzas de Rusia", declaró el Tesoro de Estados Unidos en septiembre.
Rusia ha calificado de "absurdas" las informaciones sobre traslados forzosos y ha dicho que hace "todo lo posible" para que los menores permanezcan con sus familias.
El anuncio de la CPI se produce pocos días después de que varios medios de comunicación estadounidenses informaran de que el tribunal tenía previsto abrir dos causas por crímenes de guerra relacionados con la invasión de Ucrania y dictar órdenes de detención contra "varias personas."
El Kremlin calificó la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Maria Lvova-Belova como "indignante e inaceptable".
"Consideramos que la mera presentación de la cuestión es indignante e inaceptable. Rusia, al igual que varios estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin valor para la Federación Rusa desde el punto de vista de punto de vista de la ley", tuiteó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dice que hay motivos razonables para creer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la comisionada para los derechos del niño del país, Maria Lvova-Belova, tienen responsabilidad penal por la deportación forzada de cientos de niños ucranianos.
