El criterio de oportunidad es el beneficio de un acusado para declararse culpable de un delito a cambio de una reducción a su condena. El imputado debe aportar información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que cometió.
Se encuentra regulado por el código nacional de procedimientos penales. Solo el ministerio público puede conceder el criterio de oportunidad.
Establece que podrá desistirse parcial o totalmente de ejercer acción penal de la persona imputada, siempre y cuando haya un criterio de oportunidad debidamente justificado.
El caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex es el más emblemático. El exfuncionario llegó a México en julio de 2020 en calidad de extraditado. La FGR concluyó que procesarlo reportaría un beneficio mínimo, comparado con el de procesar a un mayor número de implicados.
El criterio de oportunidad no aplica cuando el delito cometido afecte gravemente el interés público.
Luego entonces ¿por qué se concedió el criterio de oportunidad a Lozoya, acusado de recibir 3 mil millones de dólares a cambio de autorizar la compra a sobreprecio de la empresa agronitrogenados?
¿No afectó con ello el interés público?
El abogado Gabriel Regino dijo que el interés público es un concepto que lo construye la autoridad que lo aplica.
¿Quién es la autoridad que lo aplica? La FGR.
Así es la ley y entonces para la FGR puede ser más relevante la información que recibe para ir en contra de las personas involucradas porque eso sería de mayor interés público que los hechos que habría cometido el sr. Lozoya.
Funcionarios que han solicitado el criterio de oportunidad: José Antonio Martínez Orozco, ex jefe de la unidad de políticas, planeación y en lace de Sedesol y Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedatu y Sedesol.
La ex secretaria de desarrollo social, Rosario Robles buscó los beneficios de este recurso.
En febrero de 2019 Rosario Robles ofreció declararse culpable a cambio de apoyar la investigación por el desvío de 5 mil mdp.
La fiscalía rechazó la solicitud alegando que no quiso aportar la información para ahondar en el caso de la estafa maestra.
El ex tesorero de Veracruz, Tarek Abdalá, se acogió a esta figura y declaró contra el ex gobernador Javier Duarte y la PGR le perdonó el desvío de 55 mil millones de pesos, lo que obliga a preguntarnos si de verdad se hizo justicia.