Desde el inicio de este año, el sector empresarial reconoce el impacto del reciente incremento al salario mínimo en la economía, especialmente para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMES), pues aunque esta medida busca mejorar las condiciones de la clase trabajadora, las empresas enfrentan una carga social más pesada.
Julio César Silvas Inzunza, presidente de Alianza para el Desarrollo y la Competitividad de las Empresas (ADECEM), advirtió sobre los desafíos que se avecinan. Las empresas, para adaptarse, deberán mejorar prácticas y procesos, al tiempo que motivan a los empleados para aumentar la productividad, señalando que la reducción de la jornada laboral no se percibe como una vía viable, generando preocupación entre los empresarios.
Aunado a esto, la migración hacia la informalidad se vislumbra como una consecuencia inevitable, ya que la batalla contra este sector se intensifica, pues al no pagar impuestos, las empresas informales obtienen una ventaja significativa sobre las formales. Este escenario plantea un reto adicional en la lucha contra la informalidad y exige estrategias eficientes para equilibrar la competencia.
En este contexto, el aumento del salario mínimo se presenta como una medida con consecuencias mixtas, destacando la necesidad de encontrar soluciones equitativas que beneficien tanto a los trabajadores como a las empresas, evitando el desplazamiento hacia la informalidad como única salida.