Entre el 9 de septiembre y el 13 de octubre del 2024, de acuerdo a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se registraron 189 desapariciones en Sinaloa, de estas, 48 personas fueron localizadas, mientras que 141 permanecen desaparecidas a la fecha.
De acuerdo al último informe de paz de parte de la asociación, Construyendo Espacios por la Paz, han mostrado una pequeña baja en el rubro de las desapariciones forzadas.
En diciembre del 2024 y enero de este año, se registraron 212 denuncias por desapariciones, comparado con las 224 de noviembre, mientras que para el mes de febrero de este 2025, las desapariciones registradas fueron 146, lo que representa una reducción del 31 por ciento con respecto al mes anterior.
Llausas Magaña, dijo que, aunque en los últimos meses la estadística indica que este delito ha venido un poco a la baja, no significa que ya se debe bajar la guardia ante esta situación, por lo que ha enfatizado la necesidad de fortalecer la colaboración entre autoridades y sociedad para enfrentar la crisis de desapariciones.
En este mismo tema, un análisis de fichas de búsqueda publicado en febrero de este año reveló que, en cinco meses de violencia, 491 adolescentes y jóvenes desaparecieron en Sinaloa, este dato subraya la vulnerabilidad de la población joven ante la creciente inseguridad.
Ante esto, de acuerdo a Belinda Aguilar, integrante del Colectivo Sabuesos Guerreras, comentó que no descarta que las dos facciones del crimen organizado que se encuentran en disputa actualmente en Sinaloa, sobre todo en la zona centro, estén reclutando jóvenes de manera forzada para continuar con la lucha del territorio en Culiacán.
Señaló que muchas víctimas no tienen antecedentes delictivos ni están relacionadas con el consumo de drogas, esto indica que las desapariciones afectan a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a jóvenes sin vínculos aparentes con actividades ilícitas.
La crisis de desapariciones forzadas en Sinaloa, particularmente en Culiacán, refleja una problemática compleja que requiere la atención inmediata de autoridades y sociedad, la colaboración efectiva y la implementación de estrategias integrales son esenciales para abordar esta situación y garantizar la seguridad y justicia para las víctimas y sus familias.