A través de un comunicado el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Detallan que la acusación es por presunto tráfico de influencias en la asignación directa de contratos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) para una empresa de su propiedad.
El PRD indicó que "la empresa de Felipa Obrador, Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V. participó en dos contratos con Pemex en la presente administración, el primero por un monto de 133 millones de pesos y el segundo por 231 millones de pesos".
Además denunciaron que la empresa recibió contratos por "adjudicación directa" en el actual sexenio de otras dependencias públicas como el IMSS, el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares por diversos montos económicos.
Los diputados acusaron en la denuncia que "aunque López Obrador intentó descalificar la información sobre su prima, Pemex confirmó haber otorgado contratos a su familiar.
Por lo que una vez que se hizo pública la asignación de los contratos a Litoral Laboratorios, Pemex rescindió los contratos y ordenó una investigación de los mismos para deslindar responsabilidades, lo que para el GPPRD se configuran hechos que se pueden considerar delitos como ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
La denuncia se fundamenta con los artículos: 220 del Código Penal Federal, el cual establece que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficio económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte y que dicho delito será sancionado con entre dos años a doce años de prisión y de ciento cincuenta días de multa.
De igual manera, el artículo 221 del Código citado establece que comete delito de tráfico de influencias el servidor público y el particular que indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia el artículo 220, delito que está penado con dos a seis años de prisión y de treinta a cien días de multa.
En tal sentido, las y los diputados federales del PRD solicitaron a la FGR desahogar la investigación necesaria para la persecución de las conductas infractoras denunciadas y, en su caso, consignar penalmente a los presuntos responsables.
