Autoridades y organizaciones no gubernamentales de Ecuador y Perú buscan crear una red binacional para proteger la movilidad humana y erradicar la discriminación y vulneración de los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas en la zona fronteriza común.
Así lo informó la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) en un informe sobre el encuentro binacional por los Derechos Humanos que tiene lugar en estos días en la localidad ecuatoriana de Huaquillas, en la frontera costera con Perú.
El encuentro (presencial y virtual) ha congregado a más de 20 expositores y un centenar de representantes de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional, autoridades y migrantes de la región peruana de Tumbes y de la provincia ecuatoriana de El Oro.
El objetivo de la cita es promover la creación de una "Red Binacional de Movilidad Humana" que permita articular acciones de prevención para la erradicación de todas formas de discriminación y de vulneración de derechos humanos de la población refugiada y migrante en esa zona de frontera.
Asimismo, busca fomentar "un tejido social y comunitario que prevenga e incida sobre fenómenos de vulneración de derechos", así como poner en evidencia las "tendencias violatorias a los derechos humanos" e intercambiar "buenas prácticas" en la protección de las garantías de las personas migrantes y refugiadas en la zona.
Durante el encuentro se analizarán temas relacionados con "Derechos Humanos y fronteras", "Cultura de paz: xenofobia y espacio público", "Integración e inclusión socioeconómica" y "Regularización migratoria desde el sistema de protección de derechos", precisó la GIZ.
Los resultados del encuentro se plasmarán en una declaración que permitirá avanzar en la elaboración de "un Plan de acción binacional" y la creación de una "comisión conformada por organizaciones de la sociedad civil del territorio e instituciones públicas, para el seguimiento y prevención a vulneración de derechos humanos".
Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, fue organizada por el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos de Ecuador y la Defensoría del Pueblo de Ecuador; y contó con el soporte técnico del Programa Europeo Regional de Migración y Refugio de la GIZ, precisó la fuente.
