Empleados públicos de Argentina iniciaron una huelga de 36 horas con una marcha desde el Obelisco de Buenos Aires hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para protestar por los bajos salarios, despidos y políticas de recortes llevadas a cabo por el Gobierno del Javier Milei.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el mayor gremio de asalariados públicos, convocó la protesta para "evitar que el Estado termine usurpado por los grandes grupos de empresarios", menciona el comunicado.
"La gente empieza a tomar conciencia de la estafa. Le mintieron, no había "ñoquis" (empleados públicos que no cumplen tareas) ni un Estado sobredimensionado. Este Gobierno protege y se abraza a la casta", aseguró el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
Mañana miércoles podrían sumarse a la huelga trabajadores del transporte aéreo, ferroviario y del metro subterráneo de Buenos Aires, mientras que el jueves lo harán los conductores de autobuses, principalmente del área metropolitana de la capital.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó hoy de "privilegiados" a los trabajadores que participan de la huelga y las protestas, sobre los que dijo que defienden sus propios "beneficios".
"Los que paran son privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar, porque los argentinos de bien no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar", dijo el vocero.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, es el responsable de implementar las políticas de recortes y achicar los organismos y empresas publicas puestas en marcha cuando Milei accedió al Gobierno, en diciembre de 2023.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), desde 2023 se han eliminado unos 28,500 empleos públicos, lo que supone una reducción de casi el 10 % de la plantilla estatal y que en agosto alcanzaba las 309.849 personas.
En los últimos días, Milei hizo una advertencia a alrededor de 10 mil funcionarios del Estado para que inicien sus trámites de jubilación y dijo que 40 mil empleados con contratos temporales deberán someterse a un examen de idoneidad para poder continuar en su puesto de trabajo.
"Nos quieren evaluar, como si nuestros años en los cargos precarizados no valieran nada, nos intiman a jubilarnos como si ya no sirviéramos, todo mientras congelan nuestros salarios para achicar cada vez más el Estado", mencionó el sindicato en su comunicado.
A esta situación de los trabajadores de organismos oficiales se suman los planes de privatización de empresas públicas, donde se esperan eliminar cerca de 100 mil puestos de trabajo en algo más de 40 compañías, informó el presidente Javier Milei.
Con información de EFE