El Gobierno mexicano denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Linda Cristina Pereyra por ser presunta cómplice de su esposo, el exsecretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 Genaro García Luna, declarado culpable el mes pasado por narcotráfico en Estados Unidos.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusa a la mujer de participar en el entramado de corrupción que obtuvo más de 700 millones de dólares de procedencia ilícita que terminaron en Miami.
"Ella está denunciada por el Gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos, al igual que varios de sus familiares, que han sido beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública", dijo Gómez en conferencia.
La denuncia se da después de que un jurado en Nueva York declarara culpable el 21 de febrero a García Luna, quien lideró "la guerra contra el narco" en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) de 5 delitos relacionados con el narcotráfico y de mentir en su solicitud de ciudadanía estadounidense.
En el caso, Pereyra subió al estrado como la única testigo de descargo en contra del exfuncionario.
"Ella es propietaria de 4 departamentos en Miami que están intervenidos por la Corte; de la lista larga de los inmuebles que están asegurados por la Corte de Miami, donde está interpuesto el juicio civil que reclama estos bienes, 4 de ellos están directamente a nombre de ella", asegura Gómez.
El titular de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, denunció también que un entramado de empresas relacionadas con García Luna recibió 10 contratos por más de 316 millones de dólares con entidades del Gobierno entre 2006 y 2012.
"Esas operaciones que están ahí señaladas con dinero, ese dinero salió de México rumbo a Barbados y de Barbados a Florida. Todo ese torrente", sostuvo al exhibir una gráfica de la presunta red.
Aunque argumentó que la FGR es una entidad autónoma y le corresponde a ella indagar, Gómez afirmó que "están abiertas las carpetas de investigación" y que la UIF ha pedido emitir órdenes de aprehensión al presentar entre 10 y 15 denuncias.
