En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y diversos organismos sociales promotores de vivienda y derechos humanos, el gobernador Rubén Rocha Moya formalizó un acuerdo con la Coordinadora Estatal para el Derecho Humano, la Vivienda y Reservas Territoriales, A.C. El objetivo de este acuerdo es la conformación de un Comité encargado de impulsar el otorgamiento de vivienda popular y la regularización jurídica de los asentamientos urbanos que carecen de títulos de propiedad.
Durante una reunión en su despacho, el mandatario estatal recibió a los dirigentes de varios de estos organismos que comparten este propósito. Entre ellos estuvieron presentes Marco Antonio García Espinoza, coordinador Zona Centro de Rastra Social Campesina; Miguel Ángel Gutiérrez, dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS); Noé Salvador Rodríguez Peñuelas, coordinador Zona Norte del Organismo Apaga el Fuego; y Oscar Loza Ochoa, representante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa.
El encuentro tuvo como objetivo formalizar el inicio de una mesa de trabajo conjunta para promover la vivienda digna. El plan consiste en que el Gobierno del Estado adquiera reservas territoriales disponibles en los 18 municipios, donde se podrán construir viviendas o asignar lotes para autoconstrucción. Además, se compromete a proveer los servicios básicos indispensables, como agua potable, drenaje y electrificación.
Una de las principales tareas de este Comité será la identificación de las reservas territoriales en los municipios, para posteriormente presentar propuestas de compra al Gobierno del Estado. De esta manera, se busca avanzar en el objetivo común de ofrecer alternativas de vivienda digna y con certeza jurídica para las familias de escasos recursos económicos.
El gobernador Rocha destacó que, a través de este Comité, se abordarán con una visión social los casos de asentamientos irregulares ya existentes. Durante la reunión, se discutieron casos específicos que datan incluso de hace 15 años, donde los habitantes de estas viviendas carecen de la certeza jurídica sobre sus propiedades.
Asimismo, el mandatario estatal propuso que este Comité se reúna de manera mensual para dar seguimiento al trabajo desarrollado. Además, sugirió la participación del secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y de la secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, como miembros del Comité.