La crisis de personas desaparecidas en México va más allá del intento del gobierno federal por manipular las cifras, como han denunciado organizaciones de la sociedad civil. Los gobiernos y fiscalías estatales han sido omisos en informar con certeza sobre cada caso lo que ha generado un subregistro de desapariciones.
Karla Quintana Osuna, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda dijo que el problema no es la información que se encuentra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sino la información que no está en esta base de datos.
La ex funcionaria dijo que la falta de claridad en el manejo de la información puede afectar las investigaciones y los procesos de búsqueda de personas, por lo que pidió no ver el Registro Nacional como una simple lista, sino como una herramienta que debe complementarse con otros registros y bases de datos de otras instancias.
De acuerdo con el artículo 102 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el Registro Nacional es "una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre personas desaparecidas y no localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación".
Sin embargo, en muchos casos los gobiernos estatales y las fiscalías no actualizan la información de manera oportuna, lo que retrasa los procesos de investigación.
En otros casos, el subregistro de personas desaparecidas se da por la desconfianza de las familias y víctimas colaterales que no acuden ante las autoridades responsables a denunciar una desparición, dijo.
"Cambiamos las fiscalías, pero no a las personas que trabajan en ellas", dijo Quintana y aseguró que otro reto del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es que haya intromisión de bandas del crimen organizado en la consulta de la versión pública de esta base de datos o bien que amenacen a las familias para que no registren a una persona.
IMPUNIDAD EN LAS INVESTIGACIONES
De 2019 a 2022 en México se registraron 35 mil 669 desapariciones, pero en este mismo period los juzgados y tribunals solo emitieron 141 sentencias condenatorias contra personas involucradas en el presunto delito de desaparición forzada o desaparición cometida po un particular. Desaparecer a una persona garantiza el 99.9 por ciento de impunidad, denunció la organización Impunidad Cero.
Al presenter el informe "Impunidad en delitos de desaparición en México", la organización destacó que en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, las autoridades judiciales no reportaron ninguna sentencia en la materia, lo que se traduce en un cien por ciento de impunidad.
En el periodo de 2006 a 2022 la tasa de registros al RNPDNO por cada 100,000 habitantes pasó de 0.3 a 7, lo que representa un incremento de más del 200%. Si analizamos las tasas de desaparición a nivel estatal, durante este periodo ningún estado presentó una disminución, refiere el documento.