Desde el inicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la Fiscalía sinaloense es la que ha recuperado una mayor cantidad de dinero mediante un mecanismo de terminación anticipada del procedimiento, al obtener 7 millones de pesos dentro de un proceso contra ex funcionarios públicos, señaló Juan José Ríos Estavillo.
El titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa explicó que este es un derecho de suspensión condicional del procedimiento para evitar entrar a un juicio oral, mediante un acuerdo entre las partes interesadas.
Aclaró que esto no significa que el imputado esté reconociendo ante el juez ser responsable del delito señalado, al ser cuestionado por el proceso que se encuentra en curso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, que encabeza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
"Tenemos que atender los principios de presunción de inocencia, particularmente en el caso del doctor Echeverría se establece en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ciertas vías de la etapa procesal, la posibilidad de suspender el procedimiento, es un juicio que todavía no inicia, es decir, dentro del proceso penal nos encontramos en una etapa en la cual en este caso las partes que están siendo señaladas por el Ministerio Público pueden acercarse a la fiscalía, para que a su vez la fiscalía con los representantes legales de las partes que se consideran agraviadas puedan entablar comunicación, para efectos de mediar la posible solución de un conflicto", destacó.
Ríos Estavillo detalló que de incumplirse el acuerdo establecido ante el juez queda sin efecto jurídico y los elementos de posible reparación aportados no se consideran en materia de defensa o descargo ante el delito señalado, por lo que se debería reiniciar el procedimiento.
"Por eso no hay ninguna aceptación de responsabilidad, no hay una liberación de causa, no hay una declaración de culpabilidad, porque particularmente los jueces vigilan que se establezcan los parámetros de la Ley y es el momento en el que nos encontramos", agregó.
El fiscal general de Sinaloa aseguró que tanto el Ministerio Público como el juez son garantes de que el proceso se lleve dentro de lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales y ante la igualdad procesal de las partes involucradas.
Adelantó que la propia autoridad jurisdiccional que tiene el caso a su cargo, propuso a la segunda persona aun en calidad de imputada acogerse al mismo derecho de establecer una suspensión condicional del proceso, en los mismos términos del principio de presunción de inocencia.
