En rueda de prensa, la Coordinadora Estatal por el Derecho Humano a la Vivienda, encabezada por Óscar Loza Ochoa, declaró que más de 80 familias de Culiacán se encuentran en riesgo de desalojo, tras haber ocupado viviendas en construcción durante los últimos nueve años. La promesa de un eventual contrato de venta por parte de un banco atrajo a estas familias a rehabilitar las casas en estado de abandono, invirtiendo miles de pesos en estas.
En 2019, una empresa constructora intentó adquirir el terreno y, para lograrlo, obtuvo de manera engañosa información personal de los habitantes con el fin de denunciarlos por invasión. Esto generó temor entre los residentes, llevando a muchos a abandonar las viviendas que habían ocupado y rehabilitado por años.
Sergio Daniel Hernández, habitante de estas casas, señaló que hasta el momento, 35 personas han enfrentado denuncias judiciales, y tres de ellas se mantienen en medio de procesos penales. El 20 de octubre se llevará a cabo una audiencia intermedia, en la que existe el temor de que se dicten sentencias de cinco a 15 años de prisión para los acusados.
La Coordinadora exhortó al Gobernador Rubén Rocha Moya y a la Fiscal Sara Bruna Quiñónez a actuar con sensibilidad en este delicado asunto relacionado con el derecho a la vivienda digna.