La ley de Florida SB 1718, que entrará en vigor el sábado, no solo separará a miles de familias inmigrantes sino que ocasionará la pérdida de miles de millones de dólares al año en este sureño estado a causa de la previsible escasez de mano de obra, según señalaron este miércoles legisladores demócratas y activistas.
La polémica norma, que entre otras cosas penaliza a las empresas que contraten indocumentados, ha hecho que, temerosos de una posible deportación, miles de indocumentados se hayan mudado ya a otros estados vecinos, como dijo en una teleconferencia Beatriz López, de la organización Immigration Hub.
"Es un asesino de puestos de trabajo, básicamente", aseveró por su parte el congresista federal por Florida Darren Soto, quien auguró que la norma va a impactar severamente en sectores clave de la economía floridana como la hostelería, la agricultura y la construcción.
Samuel Vílchez, de la American Business Immigration Coalition (Coalición de Inmigración Empresarial Estadounidense), aludió a un estudio de Florida Policy Institute, según el cual la SB 1718 amenaza a casi 400.000 indocumentados que trabajan en seis importantes sectores en Florida y suponen casi el 10 % de la fuerza laboral.
A juicio de a esta organización, la implementación del sistema gubernamental E-Verify a empresas de más de 25 empleados, con el fin de confirmar que la persona puede trabajar en el país, le va a suponer a la economía de Florida más de 12.600 millones de dólares al año en pérdidas económicas.
"Nos preparamos para lo peor", alertó la legisladora estatal Anna Eskamani, quien consideró que la ley es usada como plataforma para la agenda política de DeSantis, uno de los aspirantes a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.
"Básicamente, esta ley le va a hacer más cara la vida a los floridanos y sus familias", se lamentó por su parte la también congresista en Florida Dotie Joseph, quien manifestó que esperan ver cómo se va a implementar la norma para estudiar los próximos pasos.
MIEDO A LAS REPRESALIAS EN EL EMPRESARIADO LOCAL
Vílchez aseveró que hay mucha preocupación entre los líderes empresariales en el estado, pero que más que protestar en voz alta están actuando detrás de las cortinas en Tallahassee, la capital de Florida.
"Es un contexto muy difícil y los líderes empresariales tienen cierto miedo", relató el activista, que aludió así al temor a represalias por parte del gobernador, en especial tras la guerra que le declaró a Disney luego de que un ejecutivo de esta corporación criticara la norma que prohíbe abordar en las aulas escolares la identidad de género y orientación sexual.
La congresista estatal Johanna López dijo que hay preocupación también en las iglesias y las comunidades de fe, las cuales van a ser "dramáticamente afectadas" a causa de esta "ley inconstitucional" y "antiestadounidense", que entre otras cosas castiga a quienes transporten a indocumentados y requiere a hospitales preguntar por el estatus migratorio de pacientes.
"Estamos bajo ataque y vamos a seguir viendo ataques a los inmigrantes", alertó Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, quien subrayó que es el momento de que la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, pase una reforma migratoria.
Petit se refirió a las marchas contra la SB 1718 que se han organizado en los últimos días y que continúan a lo largo de esta semana, una de las cuales se celebra este miércoles en Fort Myers, en la costa oeste del estado, a la que seguirá una caminata de 6,4 kilómetros.
La marcha pacífica de hoy, que según sus organizadores atraerá a unas 7.000 personas, será el inicio de una huelga de cinco días de trabajadores agrícolas, de la construcción, paisajistas y propietarios de pequeñas empresas.
Para el sábado próximo se han organizado una serie de marchas y protestas en varias localidades de Florida.
