La oposición, encabezada por el PRI y el PAN, formó un bloque en el Congreso con los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, así como del diputado sin partido José Manuel Valenzuela, para exigir a Morena un pacto de civilidad y regular acceso a los visitantes.
El 29 de abril, en una sesión de la Junta de Coordinación Política, se estableció por acuerdo común hacer una modificación al reglamento para poder evitar la entrada de personas que interrumpen las sesiones.
Sin embargo, ese acuerdo se desestimó por Graciela Domínguez Nava en una segunda sesión que se desarrolló el el 6 de mayo, a través de un voto llamado ponderado, por tener mayor peso, tras tener la mayoría calificada en el parlamento.
"Por eso nuestro llamado a retomar el camino del diálogo, a retomar el camino del entendimiento, a construir acuerdos para trabajar en un marco de civilidad y de esta manera el Congreso, esta legislatura pueda cumplir a los sinaloenses las leyes que los ciudadanos están reclamando de nosotros", expresó Sergio Jacobo Gutiérrez, líder del grupo parlamentario del PRI.
El bloque opositor explicó que los acuerdos iban en pos de limitar el acceso a visitantes que interrumpen las sesiones para criticar a diputados de la actual legislatura, asegurando que son agresiones que deben resolverse.
Por su parte, Graciela Domínguez Nava, líder del grupo parlamentario de Morena y de la Junta de Coordinación Política, explicó que ese acuerdo se desestimó porque lo que se busca es limitar un derecho ciudadano.
Para ello, dijo, se tendría que modificar la Ley Orgánica del Congreso y no solo presentarlo como acuerdo de la Junta de Coordinación Política, debido a que se incurriría a una acción ilegal.
Graciela Domínguez Nava, líder de la Junta de Coordinación Política, dijo: "Los derechos de la libertad de expresión de los ciudadanos no son negociables, un acuerdo no puede pasar por encima de nuestra normatividad, si lo que se busca es prohibirle la entrada a los ciudadanos a las sesiones, se tiene que proceder con presentar reformas a la Ley Orgánica, la Ley Orgánica es muy clara, las sesiones son públicas"
Domínguez Nava recordó que la Ley Orgánica establece sanciones para personas que irrumpan sesiones, como ya ha sucedido con organizaciones como la Liga de Comunidades Agrarias cuando se discutió un punto de acuerdo para que transparentara recursos, sin que la oposición hiciera un rechazo a esas actitudes.