PENITENCIARIA DE AGUARUTO NECESITA INVERSIÓN
Armas, drogas, muertes, fugas y autogobierno, es lo que se vive dentro del centro penitenciario de Aguaruto, lo cuál refleja el nivel de corrupción e impunidad que se vive dentro de la cárcel.
Los datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública señalan que se han logrado escapar de sus muros 111 internos, esto con corte al 2020, en donde el mayor número se concentra en el 2019 con 47 y el 2018 con 8, durante la administración de Quirino Ordaz Coppel.
Cada año, en los diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos este reclusorio de corte estatal sale con los peores índices a nivel nacional, con una calificación que oscila por debajo de los 6 puntos, contrario a las otras tres cárceles.
Y es que, después del mega decomiso del pasado 11 de febrero en el que aseguró un arsenal de armas, droga y más de un millón de pesos, el Secretario de Seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo reconoció que el penal de Aguaruto no está en las condiciones de albergar a reos por delitos del fuero federal.
Después de estos últimos sucesos, hace algunos 3 días se confirmó la destitución de la Directora del Penal, Maria Emma Alcaraz; ante ésto Daniel Cebreros Ordoñez, Presidente de la Asociación Política de Abogados de Sinaloa, expresó que se necesita invertir más en mejorar las condiciones de las cárceles de la entidad, brindándoles oportunidades a los reos, para combatir la corrupción.
En ese sentido, señaló que en la entidad no se cumple con el artículo 18 constitucional que establece las bases de la readaptación social de los internos que son: Trabajo, preparación de un trabajo, estudios y deporte; situación que carecen los presos de la penitenciaría de Aguaruto.
Ante la falta de propuestas de Gobierno del Estado, los abogados plantearon algunas: capacitar custodios de formación y sacar a la Policía Estatal Preventiva que es la que está en vigilancia; que se asignen recursos para el sistema penitenciario, y que se sigan dando las revisiones de manera constante, lo cual admitieron que ayudaría a suavizar un poco el sistema penitenciario de Sinaloa.
