El diputado Serapio Vargas anunció que este jueves se presentará una reforma en el Congreso del estado con el objetivo de tipificar como delito la obligación de asistir a marchas o eventos para alumnos de instituciones educativas y trabajadores de empresas en el código penal estatal.
Señaló que la reforma busca poner fin a prácticas que, en su opinión, atentan contra la libertad de los individuos, pues, según la propuesta, serían considerados responsables de este delito aquellos que presionen a estudiantes o empleados para asistir a marchas, ya sea a través de jerarquía académica o administrativa, ofreciendo premios, amenazando con castigos académicos o laborales, solicitando asistencia mediante pagos, incentivos, promesas o exigiendo evidencia de haber asistido.
Vargas enfatizó que si bien el derecho a manifestarse es un principio fundamental, forzar a alguien a participar en una marcha es contraproducente y constituye un abuso.
Esta situación, afirmó, se ha vuelto evidente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se ha denunciado que los estudiantes son llevados a manifestarse a través de estos métodos, así como el Partido Sinaloense (PAS) que ha involucrado a sus trabajadores en eventos de carácter político.