Deberá ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien determine si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tiene facultades para procesar, y en su caso, juzgar a ministros o ministras de la SCJN por faltas administrativas en materia electoral, sostiene una resolución del aún magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.
Esta resolución, que se refiere a la denuncia presentada por la precandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, en contra del ministro en retiro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es en sí misma una consulta al máximo tribunal del país, ya que no existe un precedente judicial sobre este tema.
Los hechos y la denuncia
En su momento, la precandidata opositora, Xóchitl Gálvez, denunció ante el INE, que antes de que la renuncia del ministro Arturo Zaldívar fuera aceptada por el Senado de la República, este, siendo ministro en funciones, apareció en un video junto a Claudia Sheinbaum, en el que se anuncia su incorporación al proyecto de la aspirante presidencial oficialista, lo que supuestamente representaría una vulneración al principio de equidad en la contienda electoral.
Esta queja se declaró improcedente en la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), motivo por el cual fue llevada ante el Tribunal Electoral.
El Razonamiento jurídico
Ante esta situación, el magistrado Rodríguez Mondragón, en su resolución -que será sometida al pleno del TEPJF para su consideración y votación- propone solicitar al máximo tribunal del país una consulta y determine si el TEPJF, o alguna otra autoridad, es competente para juzgar a ministras o ministras por supuestas infracciones en materia electoral.
En principio, porque este asunto abre la duda sobre si las autoridades electorales son competentes para sancionar por conductas indebidas, previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a los ministros de la Corte.
Esto se debe a que la constitución garantiza la autonomía del Poder Judicial Federal, por ello no hay una autoridad por encima que pueda sancionarlos. Ante esto, el proyecto de sentencia de Reyes Rodríguez, busca evitar que el mandato constitucional del Tribunal Electoral interfiera con las competencias y facultades que la ley le confiere a la Suprema Corte.
