Se ampara Armando Villarreal
Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas con Mario López Valdez solicitó un amparo para evitar ser detenido por la fiscalía anticorrupción.
Se le acusa de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública por un presunto desvío de 293 millones 479 mil 200 pesos, y para evitar ser detenido, el viernes solicitó protección federal ante el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Los Mochis.
Con él hay otros dos ex colaboradores acusados: Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero del Estado y José Carlos López Ramírez, Jefe del Departamento de Caja General.
Ellos dos pidieron un amparo el 18 de enero ante los juzgados segundo y tercero de Distrito, para evitar ser detenidos, pero con la condición de presentarse ante los juzgados locales.
Herrera Félix fue el primero en hacerlo. Se presentó el 30 de enero, y en una audiencia de apenas 15 minutos se fijó una nueva fecha en la que se leerá la acusación y los datos de prueba que reunió la Fiscalía Anticorrupción.
El abogado de Herrera Félix logró que se le recorriera la fecha para el 15 de febrero, con el fin de analizar el expediente que consta de 50 fojas, en las que se incluyen auditorías fiscales.
El amparo que pidió ahora Villarreal Ibarra es para evitar la detención, pero en medio hay otras posibles sanciones administrativas de parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Carlos Sánchez robles, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, indicó que hay dos expedientes por desaseo en el uso de recursos federales sobre los ramos 23 y 33 en proceso de conclusión, a la espera de una comparecencia de los involucrados, entre ellos el ex Secretario de Administración y Finanzas.
"Estaríamos citando a los involucrados a una audiencia, en la que ellos van a tener lao oportunidad de defenderse, es parte del debido proceso, es parte de cumplir con la legalidad podrán ofrecer las pruebas que consideren convenientes", dijo.
"Como sucede en todos procedimientos que se llevan a cabo ante todas las autoridades y ahí sí ya podrá culminarse con imponer una sanción administrativa".
Las sanciones que podrían dictarse superarían los 200 millones de pesos, pero dependerá de las audiencias de los ex funcionarios.
