Se mantiene la persecución contra la UAS
El liderazgo del Rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina y su manera de hacerle frente a la situación arbitraria que se vivió en la sala de juicios, fue decisiva para lograr que la audiencia fuera diferida, coincidieron los abogados Milton Ayala Vega y Carlos Ontiveros Salas, así como, el encargado del despacho de Rectoría, el doctor Robespierre Lizárraga Otero.
Los abogados dieron un resumen de los hechos ocurridos durante la audiencia programada para revisión de medidas cautelares, en la cual dijeron se hizo evidente el abuso de autoridad por parte del Juez de Control Carlos Alberto Herrera.
Y es que, Ayala Vega señaló que lo que afrontaron fue un hecho sin precedentes, pues aunque el licenciado Carlos Lorenzo Flores Ochoa, abogado defensor de Lizárraga Otero, fundamentó su solicitud sobre diferir la audiencia ya que no podía ejercer una defensa técnica adecuada, debido a que aún y pese a que realizó la petición de manera escrita y personal, no le corrieron el traslado completo de la carpeta de investigación, de la carpeta de administración, de unos CD´S y de grabaciones en audio y video de las anteriores audiencias; el juzgador desoyó dicha argumentación y de manera impune asignó al imputado, Robespierre Lizárraga, abogados defensores de oficio, mismos que dejaron evidenciado que no conocían ni la causa procesal ni a quien iban a defender.
Asimismo, reconoció la honorabilidad de los defensores de oficio, quienes con toda ética y profesionalismo manifestaron al juez no haber tenido la oportunidad de imponerse de la carpeta investigación, por lo que lo legal y jurídico era que la audiencia especial que solicitó la Fiscalía fuera reprogramada.
"Dio tristeza el Poder Judicial de la corrupción, la entrega y la desfachatez con el que opera, en especial el juez Carlos Alberto Herrera (?) a causa de esa situación fue que no se llevó la audiencia, no es que nosotros hayamos hecho una picarada, los que querían hacer una picarada era la Fiscalía del Estado, era el Poder Judicial y algunos defensores en contubernio con la gente del Gobierno del Estado para quitar al doctor Robespierre Lizárraga Otero", externó.
A su vez, el licenciado Carlos Ontiveros Salas compartió que del juez de control faltó a sus deberes como autoridad judicial en una audiencia que estuvo llena de ilegalidades y arbitrariedades, pues se puso en juego los derechos fundamentales del imputado al imponerle a un defensor público sin haber causas.
"Hago un llamado a la curia jurídica sinaloense para efecto de que tengamos esa firme responsabilidad de que las autoridades judiciales aquellas que habrán de juzgar los asuntos donde tenemos participación se conduzcan con ética, con profesionalismo y con estricta legalidad; en este caso hoy vimos en efecto una caricatura procesal", agregó.
