Política
Senador impulsa investigación a funcionarios vinculados a Genaro García
Por:
Missael Nava
CDMX
24-10-2024
El Senador por Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, presentó un punto de acuerdo en el pleno del Senado que fue aprobado por unanimidad como urgente
El acuerdo mencionado solicita a varias instituciones, incluyendo la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, iniciar una investigación para determinar la posible responsabilidad penal de servidores públicos en relación con el nombramiento y permanencia de Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública, a pesar de las evidencias que lo vinculan con la delincuencia organizada.
Loera de la Rosa enfatizó que es crucial investigar si los senadores actuales del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Antonio Cortés y Ricardo Anaya, incurrieron en delitos al otorgar contratos millonarios a empresas vinculadas a García Luna. Estas empresas, según Loera, no se alinean con la especialidad del exfuncionario. El senador ha instado a Cortés y Anaya a renunciar a sus cargos para facilitar las investigaciones y permitir que las autoridades actúen sin restricciones.
El senador ha sugerido al Instituto Nacional Electoral que examine si los recursos que el PAN proporcionó a las empresas de García Luna fueron debidamente justificados conforme a la ley. En caso contrario, se deben iniciar los procedimientos legales correspondientes
Loera también ha señalado la corresponsabilidad del expresidente Felipe Calderón en este asunto, argumentando que su decisión de nombrar a García Luna en un cargo tan crucial lo hace cómplice del narcotráfico. Este tipo de acusaciones no son nuevas en el contexto mexicano, donde la corrupción y el crimen organizado han estado interrelacionados durante años.
Según el artículo 21 de la Constitución, todos los servidores públicos pueden ser procesados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye desde sanciones económicas hasta inhabilitación para desempeñar cargos públicos. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece un procedimiento claro para llevar a cabo juicios políticos contra aquellos que violen gravemente las leyes o manejen indebidamente recursos públicos.
Se ha documentado cómo algunos funcionarios pueden ser cómplices activos o pasivos del crimen organizado. En algunos casos, su participación puede ser meramente incidental, como aceptar sobornos a cambio de beneficios, mientras que en otros puede implicar una colaboración más profunda y sistemática con organizaciones criminales
Nacido el 10 de julio de 1968 en la Ciudad de México, García Luna ocupó cargos importantes en el gobierno, incluyendo su papel como titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Sin embargo, su carrera se tornó oscura cuando fue arrestado en diciembre de 2019 en Texas, acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa y participar en actividades delictivas. En febrero de 2023, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo conspiración para distribuir cocaína y dar falso testimonio a las autoridades estadounidenses.
El juicio reveló que García Luna había estado involucrado en una vasta red de corrupción que permitía al Cártel de Sinaloa operar con impunidad. Los fiscales argumentaron que entre 2001 y 2012, mientras ocupaba altos cargos en el gobierno mexicano, recibió millones de dólares en sobornos a cambio de proteger las operaciones del cartel y proporcionar información sobre las actividades policiales. Testigos clave, incluidos exmiembros del cartel, testificaron sobre la entrega de grandes sumas de dinero a García Luna.
El 16 de octubre de 2024, fue sentenciado a 38 años de prisión por sus crímenes