De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Bienestar en Sinaloa, este programa tiene un padrón de 9 mil 793 beneficiarios distribuidos en comunidades rurales de seis municipios de la entidad, lo que representa un gasto anual de 587 millones 580 mil pesos, es decir 48 millones 965 mil pesos mensuales.
Sin embargo hay acusaciones de los propios beneficiarios de que el recurso no es entregado de manera íntegra, pues además de los 500 pesos mensuales que se les retiene por concepto de ahorro, del cual no han recibido un reembolso, los técnicos que deberían darles la capacitación para implementar el programa en lugar apoyarlos, han estado únicamente quitándoles dinero bajo amenazas.
"No puedo haber gente que reniegue, que se manifieste porque los tienen amenazados que les van a quitar el programa... Y ante esta situación nadie dice nada". expresó Felipe, ex Servidor de la Nación.
Al respecto, el Coordinador de Programas Sociales Federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, ha declarado que son acusaciones sin fundamento, y meramente rumores.
Jaime Montes Salas, Coordinador de Programas Sociales Federales en Sinaloa. dijo: "Este mensaje se los quiero enviar a todos los técnicos productivos y sociales que están en este programa, y a los facilitadores, que si les compruebo, o si me comprueba la sociedad yo voy a ser el primerito en tratar de meterlos hasta la cárcel si es posible porque no vamos a permitir que esto pase".
A pesar de que esta controversia nació prácticamente junto con el programa, las autoridades no han realizado una investigación seria sobre estas acusaciones de corrupción donde se ponen en juego grandes cantidades de recursos públicos que se destinan a este programa que se impulsa desde la presidencia de la República.