Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero del Estado, y José Carlos López Ramírez, ex Jefe del Departamento de Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas, solicitaron amparo.
Ambos están acusados de un presunto presunto desvío de 293 millones 479 mil 200 pesos junto con Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa con Mario López Valdez.
Las solicitudes las realizaron ante los juzgados segundo y tercero con sede en la Ciudad de Los Mochis el 18 de enero, días antes de que se diera a conocer que tenían la orden de aprehensión desde el 30 de agosto.
Los delitos que se les acusa son los de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública, luego de una denuncia penal que presentó la Auditoría Superior del Estado.
En el expediente se incluye el resultado 118 de la auditoría financiera y de cumplimiento 007/2017, que se hizo a la Secretaría de Administración y Finanzas en el segundo semestre de 2016.
Sin embargo, estos no son los únicos pendientes legales del ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Entre las sanciones administrativas se incluyó a Armando Villarreal Ibarra y Ernesto Herrera Félix, quienes ahora tienen un proceso penal con orden de aprehensión.
El 10 de noviembre de 2017, la Secretaría de Transparencia informó que Villarreal Ibarra fue amonestado con una inhabilitación por siete años, debido a que omitió enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) diversas aportaciones patronales y cuotas de trabajadores por un monto de mil 175 millones de pesos.
El ex Secretario impugnó la inhabilitación ante la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, donde a la fecha no se tiene un resultado.
En el caso de Herrera Félix, la Secretaría de Transparencia informó que fue inhabilitado por tres años, luego de que se encontró una irregularidad en los saldos iniciales de las cuentas bancarias del gobierno.
Durante la administración de Mario López Valdez se reportó un saldo de mil 88 millones 671 mil pesos, cuando en realidad se recibió la cuenta con 421 millones de pesos, es decir, una diferencia de 667 millones de pesos.