Por: Abel Martínez
En México, 93 de cada 100 delitos no se denuncian.
Y no se puede hablar de justicia, pues 94% de los delitos no se castigan.
Lejos de confiar en el Ministerio Público, las víctimas se frustran por la mala atención y el rezago en las investigaciones. Basta decir que hay alrededor de 15 mil policías de investigación y 21.2 millones de delitos al año.
Cada agente tendría que resolver mil 413, casi cuatro por día? Víctor Hernández, experto en Seguridad, expusó, "Te roban el teléfono en el transporte público, vas al MP a levantar tu denuncia y el MP te dice: híjole joven, vea cuantas carpetas de investigación tengo, no me voy a poner a buscar su celular, mejor váyase a su casa."
Más allá del rezago en las investigaciones, algunos ministerios públicos revictimizan y se corrompen. María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido en 2019, es un ejemplo pues la búsqueda de justicia ha sido un calvario. "Lo que hacían los ministerios públicos era redactar a modo y no lo ponían como yo lo estaba diciendo. Estaban en el Facebook, viendo memes, con los pies sobre la mesa, me contestaban con gestos, torciéndome la boca, volteándome los ojos".
Y ni hablar de la falta de perspectiva de género en la procuración de justicia. "Además de tratar de acercarme con mis agresores para que me sobornaran, también me dijeron que era un caso muy complejo, que no lo iba a ganar, que no iba a continuar con mi vida y que mejor lo dejara por la paz". Te tratan como te ven y es muy importante la problemática de los ministerios públicos pero también dejar en desnudo el racismo, clasismo que se sufre como víctima y sobreviviente cuando intentas tener acceso a la justicia." El ataque fue ordenado por Juan Antonio Vera Hernández, quien sigue prófugo.
El nuevo Sistema de Justicia Penal no ha logrado avances? Para Samuel González, abogado y experto en seguridad, "El rigor que requiere el sistema penal acusatorio es muy alto y desafortunadamente no todas las personas están preparadas para desarrollar lo que requiere el sistema procesal acusatorio".
La impunidad es responsabilidad del Estado mexicano. Alcaldes, gobernadores, fiscales, el presidente, los tribunales, la Suprema Corte y el Congreso de la Unión no han logrado establecer instituciones y procesos que garanticen justicia. Entre el 56 y 77 % de los mexicanos consideran que las fiscalías, ministerios públicos, agentes de investigación, jueces y policías municipales y estatales son corruptas.