El gobernador Quirino Ordaz Coppel tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de la Federación de Propietarios Rurales del Estado de Sinaloa A. C., el cual será encabezado por Manuel Isaac Luque Coronado para el periodo 2020-2023, en sustitución de Melchor Godoy Angulo.
La ceremonia se celebró en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, en su mensaje a los productores, el gobernador Quirino Ordaz Coppel consideró muy positivo que exista una organización como la Federación de Propietarios Rurales, en favor de la pequeña propiedad porque los agricultores forman un eslabón muy importante en la cadena productiva mediante la generación de miles de empleos.
"Realmente hay mucha productividad, y de eso hay que seguir sacando beneficios, aunque sí hay que gestionar programas, apoyos, recursos de gobierno y construir junto con el mismo gobierno algunos espacios de oportunidad para jalar apoyos que verdaderamente les sean muy útiles a ustedes".
Por su parte, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Eduardo Orihuela Estefan, reconoció que Sinaloa es el estado más próspero en volumen de producción agrícola, lo que lo convierte en el gran granero de México.
"Señor gobernador, el campo mexicano hoy tiene grandes retos, hemos vivido una desarticulación profunda de las políticas públicas que nos ayudan a llevar los alimentos a las casas de los mexicanos pero también a ganar el dinero que esta noble profesión nos brinda para nuestras familias".
En su primer mensaje como dirigente estatal, Manuel Isaac Luque Coronado, precisó que hoy en día sigue siendo necesaria la participación de este sector productivo en la conformación de políticas que vengan a fortalecer la tranquilidad del campo.
BITE Manuel Isaac Luque Coronado Presudente del Consejo Directivo de la Federación de Propietarios Rurales del Estado de Sinaloa
Agregó que durante su gestión se que se dedicará a brindar mayores beneficios a sus agremiados, siendo uno de los primeros objetivos crear las posibilidades para bajar recursos destinados a proyectos productivos de los gobiernos y de instituciones no gubernamentales o privadas.