El presidente estadunidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva bajo la cual su gobierno impondrá sanciones en contra de personas o entidades extranjeras que hayan interferido en procesos electorales en Estados Unidos.
Ante esto, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, calificó la orden como un esfuerzo adicional de la administración Trump para proteger al país no sólo de la interferencia extranjera en las elecciones, sino también al proceso electoral en su conjunto.
"Creemos que era importante demostrar que el presidente (Trump) ha tomado liderazgo en este tema, y que es algo sobre lo que está preocupado profundamente", dijo Bolton durante una conferencia de prensa telefónica.
La orden no está dirigida en particular a países, ante lo que Bolton explicó que ello se debe a que en ocasiones, las amenazas contra la integridad de las elecciones, como caracterizó esos ataques, provienen de otras fuentes.
Trump emitió su orden a poco más de un mes de que tengan lugar las elecciones legislativas de medio término, y se anticipó a esfuerzos bipartidistas en el Congreso, donde existen al menos un par de iniciativas de ley con este propósito.
Una de ellas, conocida por su acrónimo como Ley DETER, no sólo haría obligatoria la imposición de sanciones en estos casos, sino que prevendría que el presidente las elimine, sin que haya de por medio una valoración de las agencias de inteligencia.
En un comunicado conjunto, el senador republicano Marco Rubio, y el demócrata Chris Van Hollen, autores de la iniciativa, consideraron que, aunque necesaria, la orden tiene alcances cortos, al enfatizar la necesidad de sanciones obligatorias.
"El anuncio hecho por la administración reconoce la amenaza, pero no va lo suficientemente lejos para responder. Estados Unidos puede y debe hacer más. Las sanciones obligatorias para cualquiera que ataque nuestro sistema electoral sirve como el mejor disuasivo", indicaron.
Dan Coates, director de la Oficina de Inteligencia Nacional (ODNI), explicó que bajo esta orden, las agencias de inteligencia requerirán de un plazo de 45 días para determinar si hubo interferencia, antes de notificarlo al gobierno.
