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05 de Noviembre del 2024
Educación

Universidades públicas respaldan lucha por la autonomía de la UAS

Universidades públicas respaldan lucha por la autonomía de la UAS

El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que se ha convertido en un tema de agenda nacional, fue presentado a la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y a abogados generales de diversas instituciones de educación superior del país, quienes manifestaron su solidaridad y total apoyo ante el embate que vive la Casa Rosalina.

Fue en el marco del XV Seminario Nacional de la Red Jurídica de Universidades Públicas, La autonomía universitaria como palanca de desarrollo y de movilidad social; donde el abogado general de la UAS, el doctor Robespierre Lizárraga Otero y el director de la Facultad de Derecho Mazatlán, el doctor José Ramón Bonilla Rojas, participaron con la conferencia magistral "La Universidad frente al Estado: la defensa de la Autonomía Universitaria, caso Universidad Autónoma de Sinaloa".

En este panel sobre autonomía, Lizárraga Otero habló sobre la relatoría de hechos que han acontecido en la institución desde que se aprobó la Ley de Educación Superior del estado de Sinaloa, la cual contiene artículos que violentan la autonomía universitaria, hasta los últimos días en los que se le han concedido a la Máxima Casa de Estudios más de 150 suspensiones definitivas.

"El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la defensa de la Autonomía Universitaria que está llevando a cabo se está haciendo un tema de la agenda nacional ya distintas universidades nos están pidiendo información", declaró.

En ese sentido mencionó que instituciones de educación superior del país, las cuales en determinado momento vieron vulnerada su autonomía, están solicitando asesoría al área de asuntos jurídicos de la Casa Rosalina, mismas a las que se les está brindando el apoyo.

"Fue muy gratificante escuchar las muestras de apoyo de miembros de distintas comunidades universitarias de la Universidad Autónoma de Yucatán, de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Universidad Autónoma de Baja California, con abogados generales con los que particularmente nos tocó compartir el panel y sobre todo, con la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde su abogado general, el maestro Mario Gutiérrez Caballero, nos expresó a nombre del Rector, la solidaridad con la Universidad Autónoma de Sinaloa en este embate que está padeciendo respecto a la defensa de la Autonomía Universitaria", manifestó Lizárraga Otero.

Por su parte, el doctor José Ramón Bonilla Rojas, explicó la experiencia de la institución, la estrategia que se tomó, el cómo los consejeros universitarios decidieron acudir al amparo de la propia universidad y que, contrario a las predicciones que había por parte del Congreso del Estado y del propio Gobierno de Sinaloa, estos han sido catalogados como fundados por parte de la justicia federal. 




"Una mayoría de los jueces federales en el estado de Sinaloa, decidieron de que, en el caso de la universidad y los consejeros, tenían interés jurídico para acudir al juicio de amparo y defender y mejor aún, que es algo que percibieron con muy buenos ojos los abogados generales, el sentido de que se consiguieron suspensiones provisionales", informó.


En este mismo escenario los representantes de la institución expusieron el cerco que hay de parte de los poderes públicos de Sinaloa, el uso de la Auditoría Superior del Estado (ASE) como campaña mediática, así como del problema que existe con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).


"La Universidad se ha utilizado para golpear a funcionarios de la universidad bajo la invención de lícitos penales que, por supuesto no existen y que también hemos recurrido al amparo ya, para efecto de que jueces federales se pronuncien sobre el actuar de la UIPE", apuntó.


El universitario, enfatizó que la UAS se está caracterizando por hacer una defensa muy institucionalizada, en la cual, sin abandonar las actividades sustantivas sigue defendiendo su Autonomía en los propios tribunales federales.







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