Acusan a 32 policías de Tonalá por allanamiento y agresiones

Luego de que varias personas fueran detenidas de manera arbitraria, incluido un menor de edad, dentro de su domicilio por elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá (CPPMT), el pasado día 7 de julio de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recibió la queja interpuesta por las víctimas, de la que derivó la Recomendación 20/2020.

El documento relata que los elementos municipales ingresaron con violencia, armados y encapuchados al domicilio de las víctimas, donde golpearon a varias personas, entre ellos a una mujer y un menor de edad, además dispararon sus armas de fuego en repetidas ocasiones, lo que le ocasionó una lesión en la pierna a una vecina que pasaba por el lugar.

En la investigación realizada por esta defensoría, se pudo comprobar que los elementos policiales de la CPPMT involucrados, actuaron indebidamente al hacer uso excesivo de la fuerza, y se acreditó la violación de los derechos humanos a la integridad física y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, el derecho a la privacidad, a la libertad y a los derechos humanos de la niñez. Así mismo, se reconoció la calidad de víctimas al menor de edad y a dos mujeres.

En la recomendación se señala a 32 elementos de la corporación de participar en la violación de derechos humanos: Neri Monfil Carmona, Alfredo Hernández Cervantes, Eduardo A. Sánchez Valdovinos, José Concepción Salas Mora, William López Castillo, Rigoberto Estrado Gutiérrez, Óscar Alejandro Gutiérrez Rivas, Óscar Díaz Cocula, Gustavo Sánchez León, Rigoberto Hinojosa García, Marco Antonio Flores González, Kevin Cortés González, Marco Antonio Cárdenas Chávez, Abel Ramos Sepúlveda, Javier Adrián García Durán, Oswaldo Alfredo Armanta López, Pablo Ortega Martínez, Ignacio Abdón González Ruiz, Raúl Carranza Reyes, Adrián López Domínguez, Concepción Bravo Hernández, Héctor Bonilla Vázquez, Óscar Hermilio Ortega Díaz, Juan Simón López Juárez, Fernando Esparza Muñoz, José de Jesús Chávez Velázquez, Ernesto Reyes Cuaras, Omar Landa Juárez, Edwin Zapien Pérez, Ernesto Montejo Córdova, Ulises Román Fuerte y David Uribe Hernández, todos adscritos a la comisaría.

Derivado de lo anterior, se emitieron los siguientes puntos recomendatorios al presidente municipal de Tonalá:

Se deberá impulsar la reparación integral del daño de forma directa con todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes.  

Proveer a las víctimas de atención médica, psicológica y de salud mental especializada por el tiempo que resulte necesario, a fin de que superen los traumas o afectaciones que pudieran estar sufriendo.

Agregar una copia de esta Recomendación en los expedientes laborales de las y los elementos de la CPPMT que resulten involucrados, como antecedente de sus conductas violatorias de derechos humanos, aún y cuando algunos de ellos hayan causado baja de la corporación.

Una vez agotados los recursos legales existentes, se deberá concluir el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra de los oficiales de la CPPMT involucrados, para proceder conforme a derecho.

Como garantía de no repetición, se deberá fortalecer e intensificar la capacitación de forma constante en materia de derechos humanos a las y los servidores públicos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, a fin de concientizarles en la protección y respeto de los derechos de la ciudadanía, con el propósito de prevenir y evitar que continúen transgrediéndolos con conductas reprochables como las documentadas.

Asimismo, y aunque no es una autoridad involucrada como responsable del hecho, se extienden las siguientes peticiones, al Secretario Técnico para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en vista de que tienen atribuciones y competencia para actuar a favor de las personas afectadas:

Se pide que, en caso de no haberlo hecho ya, se incorpore al Registro Estatal de Víctimas a las personas afectadas, con el propósito de brindarles la atención integral en términos de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y su reglamento.

Se otorgue a favor de las víctimas directas la atención y reparación integral que conforme a derecho proceda, a través de las medidas y garantías que correspondan, incluyendo las inherentes a la compensación subsidiaria y acceso a los fondos correspondientes, conforme a la normativa vigente.

El documento completo se puede consultar en: http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2020/Reco%2020.2020.pdf