La empresa Caabsa Eagle dio su versión y afirmaron que ellos no son los villanos con los problemas que se han presentado en Guadalajara con la recolección de la basura, al contrario, señalan que en ningún momento han dejado de dar cumplimiento a su contrato con el municipio.
Insisten en una reunión con las autoridades entrantes donde demandan se les dé la oportunidad de ser evaluados para una prórroga contractual. Señalan incluso recurrir a recursos judiciales de ser necesarios para defender estos derechos.
La empresa Caabsa mencionó que los problemas en la prestación del servicio iniciaron a partir del cierre del basurero de Los Laureles, la cancelación de la central que se construiría en Tala y que se agravaron con tener que ir a llevar la basura al tiradero de Picachos.
Señalaron que se hacen cuellos de botella al ingresar a Picachos y que a eso se suma que Zapopan le da prioridad a los camiones de su municipio que aquellos que llegan de Guadalajara. Afirman que a pesar de los señalamientos del los ayuntamientos, particularmente de Guadalajara, su nivel de recolección es de 80 por ciento.
El director general de Caabsa Eagle mantienen su postura de buscar una mesa de diálogo con el ayuntamiento de Guadalajara para para que puedan conocer la evaluación de su servicio. Demandarán que se respete el contrato en el sentido de que si piensan entregarlo a otra concesionaria, ellos serian los primeros en derecho en ser considerados.
"Si dentro del proceso violan nuestros derechos, sí, les repito, nosotros hace unos días solicitamos al municipio una mesa de diálogo. Si se nos va a evaluar, queremos estar presentes en esa evaluación, es importante que nos digan todas esas cuestiones que ellos dicen que incumplimos y que nosotros acreditamos documentalmente que no estamos incumpliendo, queremos participar de esa evaluación. Si violan nuestros derechos, claro que es lógico que tendremos que ir por la vía judicial hacer que se respeten nuestros derechos", citó el director general, Óscar Hernández.
Mencionaron que en 2021 el ayuntamiento de Guadalajara les amplió la concesión a 15 años, pero antes que entrara Pablo Lemus, les fue retirada. Acusan que tienen litigios por esta situación que esperan sean dirimidos en poco tiempo.