El Senado extingue siete organismos autónomos
El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que elimina siete organismos autónomos y transfiere sus funciones a diversas secretarías del gobierno federal.
La medida, promovida bajo el argumento de simplificación administrativa y ahorro presupuestal, fue respaldada por 19 congresos estatales, lo que permitió su aprobación final.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, detalló que los estados que avalaron la propuesta incluyen Chiapas, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, entre otros. En contraste, Baja California fue la única entidad que rechazó el decreto.
Los organismos eliminados son el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sus funciones ahora serán absorbidas por dependencias federales. Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasará a estar bajo la Secretaría de la Función Pública, renombrada como Secretaría Anticorrupción.
Por su parte, las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía serán integradas a la Secretaría de Energía, mientras que las responsabilidades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recaerán en la Secretaría de Economía. Finalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será administrado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
El gobierno federal ha defendido esta reforma como un paso necesario para reducir la duplicidad de funciones, simplificar la estructura administrativa y garantizar mayor eficiencia en la gestión pública. Sin embargo, la medida ha generado críticas de sectores académicos, organizaciones de la sociedad civil y opositores políticos, quienes advierten que esta centralización podría comprometer la autonomía de los organismos y afectar derechos ciudadanos clave, como la transparencia y la competencia económica.
La declaratoria formal por parte del Senado cierra el proceso legislativo y da inicio a una transición que, según las autoridades, será gradual. No obstante, especialistas han señalado que la absorción de las tareas de los organismos autónomos por parte de las secretarías podría representar desafíos operativos y financieros significativos para el gobierno.
Con esta decisión, México vive un cambio estructural en su administración pública que seguirá generando debate sobre sus implicaciones para la democracia, la rendición de cuentas y el desarrollo económico del país.
