Exigen aprobar iniciativa para Ley de Designaciones Públicas este año

Organizaciones ciudadanas, empresariales y académicos exigieron al Congreso de Jalisco que se apruebe este mismo año la Ley de Designaciones Públicas, necesaria para evitar el reparto entre partidos y grupos políticos, al momento de nombrar funcionarios de primer nivel, como magistrados del Poder Judicial.

Durante la presentación de la iniciativa, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendain, llamó a una discusión abierta y de cara a la sociedad que elimine las "cuotas y cuates" en la selección de funcionarios públicos.

"Los cuates y las cuotas nos han hecho mucho daño, han dañado a la sociedad los malos nombramientos y han dañado a los profesionistas excepcionales que merecían un cargo, el cuatismo y el cuotismo; convoco a la soberanía a que muestren su integridad y aprueben, este mismo año, esta iniciativa y que lo hagan de frente a la sociedad, sin albazos nocturnos y sin gatopardismos", exigió el líder empresarial.

El diputado de Movimiento Ciudadano y coordinador de la bancada, Salvador Caro, anunció la presentación de la iniciativa y se comprometió a escuchar e incluir las posturas de la sociedad para mejorar la Ley de Designaciones Públicas. Y destacó algunos beneficios de su iniciativa, como la garantía de que sólo los aspirantes mejor evaluados puedan ser elegidos para los cargos públicos.

"¿Qué buscamos? Y busco interpretar la voluntad de todos los que participaron: hacer públicas las razones que justifiquen la idoneidad para el cargo, una vez que se tome la decisión, y garantizar que pasarán a etapas posteriores sólo los aspirantes aprobados, pero también blindar de grupos de interés y de intereses estrictamente políticos-partidistas las decisiones", detalló el legislador.

Durante la presentación de la iniciativa estuvieron presentes representantes de organismos como el Comité de Participación Social, el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción Estatal, o académicos del Iteso que integran el Observatorio Legislativo, quienes pidieron un proceso de Parlamento Abierto, donde el Congreso del Estado escuche y atienda la participación de la sociedad en torno a la nueva ley.