En el Congreso del Estado se puede aplicar el término "gatorpardismo", es decir, hacer mucho para que todo quede igual. Muestra de ello es la depuración de la nómina. En la legislatura que termina, las fuerzas políticas hicieron un compromiso que quedó sólo en lo mediático para la reducción de las plazas laborales, que no sólo son muchas, sino improductivas.
Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizado el año pasado demostró que se podría prescindir del 60 por ciento de la nómina del Congreso y aun ser funcional. La falta de voluntad para que el Congreso deje de ser una agencia de colocación se demuestra en el presupuesto proyectado para 2025.
El Congreso local pretende gastar mil 018 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2025, de los cuales 918 millones de pesos se destinarán al pago de salarios de poco más de mil trabajadores de base y eventuales, incluyendo los 38 legisladores.
El estudio del IMCO reveló que el Congreso del Estado tenía mil 069 trabajadores, de los cuales 649 están de más. No sólo se reveló eso, sino que los sueldos que muchos reciben no empata con su nivel de escolaridad, o personas de rangos menores que ganan más que otros de rango superior.
Muchos de los trabajadores en esta condición se encuentran bajo la protección de las estructuras sindicales y muchos otros eventuales, colocados en plazas otorgadas a los diputados. El Congreso cierra la LXIII Legislatura con mil 31 funcionarios; 552 empleados de base, 468 trabajadores supernumerarios y 11 de tiempo determinado.
Desde que se anunció la reingeniería solamente se lograron rescatar 38 plazas, de las cuales nueve se eliminaron y las otras 29, aunque pudieran congelarse, los diputados aún analizan su reparto, mientras que el sindicato busca que se concurse para los trabajadores de base. Es decir, simplemente, no se pudieron recortar cabezas.
La nómina del Congreso creció de 888 millones de pesos a 918 millones de pesos entre 2024 y 2025, esto es, 30 millones de pesos más, que significan un incremento 4.1%.
El proyecto de reducir la nómina estuvo plagado de buenas intenciones, pero incapaz de concretarse: Según datos del IMCO, el Congreso de Jalisco es el tercero más costoso del país. A cada jalisciense le corresponde pagar 115 pesos para su operación.