Los coordinadores de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión, Clemente Castañeda en el Senado y Jorge Álvarez Máynez en San Lázaro, presentaron este jueves su propuesta en materia de justicia y paz con la finalidad de atender la inseguridad y la violencia en el país
La bancada naranja presentó cinco puntos que, de acuerdo con ellos, podrían ser la base de un verdadero cambio para la seguridad y protección ciudadana en el país.
Ambos criticaron que la Guardia Nacional ha costado más de 63 mil millones de pesos. Festejaron que su fracción en el Senado haya frenado la reforma constitucional para ampliar hasta 2028 la presencia castrense en las calles, proveniente de la Cámara de Diputados, que necesitaba dos terceras partes de votos de los senadores presentes para quedar validada en definitiva.
Para argumentar la necesidad de cambio y reforzamiento de las instituciones, recordaron que en México se cometen 28 millones de delitos y para atenderlos existen 12 mil agentes del Ministerio Público (MP), 120 mil integrantes de la Guardia Nacional (GN) y 400 mil policías, por lo que planteó reforzar el adiestramiento en la fuerza con mayor número.
Asimismo, señalaron que desde que se inició el combate frontal contra los principales generadores de violencia, México se sumergió en un modelo fallido de combate a la delincuencia, el cual ha sido replicado a lo largo de 15 años, de tal modo que plantearon una alternativa estratégica que gira en cinco ejes:
1.- Profesionalizar policías: profesionalizar la carrera policial, basada en el mérito y desempeño; crear la Academia Nacional de Mandos; tener personal directivo en todas las corporaciones y garantizar presupuesto para policías locales. Además de defender los salarios dignos y derechos al interior de todas y cada una de las corporaciones nacionales, al respecto señalaron que cerca del 93% de los policías ganan menos de 15 mil pesos al mes.
2.- Investigación de los delitos: México tiene un déficit en este rubro, pues en 2020 se registraron 28 millones de delitos, sólo se denunciaron 2 millones, el 1% de denuncias terminó en sentencia y el 85% de las carpetas de investigación se archivaron. Motivo por el cual propusieron otorgar facultades de investigación a las policías en virtud del alto número que hay. Así pueden procesar a las personas que delinquen, el MP se convertiría en asesor jurídico, las fiscalías dejarían de tener policías y se eliminaría un espacio de corrupción en los Ministerios Públicos.
3.- Justicia pronta y expedita: remarcaron la urgencia de eliminar la prisión preventiva oficiosa. "En México se detiene para investigar, no se investiga para detener". Dicha declaración se fundamenta en que cerca del 40% de las personas al interior de reclusorios no tienen sentencia. Esto se traduce en 300 encarcelamientos diarios sin acusación formal, afectando a los más pobres, pues son quienes difícilmente pueden tener acceso a una buena defensa. Por lo que propusieron que únicamente se inicie el proceso penal con acusación formal y cada detenido se ponga a disposición del juez, no del MP, para acreditar el delito y las medidas cautelares.
4.- Transformar las instituciones en materia de seguridad: en ese sentido, sostuvieron que "a tres años de la creación de la Guardia Nacional, no hay resultados", ya que "la violencia se incrementó". Sentenciaron que se debe de crear el Servicio Federal de Investigación Criminal, para tener capacidades de investigación robustas y convertir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Secretaría de Justicia, con fiscales de circuito autónomos, seleccionados por el Senado.
5.- Prevenir delitos sin criminalizar la pobreza: de los 28 millones de delitos mencionados por el partido naranja, 120 mil personas son las responsables del 80% de ellos, lo que quiere decir que la reincidencia es muy alta. También resaltaron que una de cada cinco personas en prisión ya habían cometido un delito menor. Fue en este punto que resaltaron la necesidad de detener el ciclo de violencia, por lo que la justicia cívica juega un papel de suma importancia para la atención a faltas administrativas, delitos culposos, no graves y no violentos para que no brinquen a delitos dolosos y graves.