A pesar de las promesas de transparencia y cero opacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, la información sobre la intervención de la Organización de Estados Americanos por la contaminación del río Santiago será oculta hasta que finalice el sexenio.
De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la dependencia federal decidió clasificar por 5 años toda la información relacionada con la contaminación del río jalisciense.
El 5 de febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió unas medidas cautelares al Estado Mexicano, mismas que han sido calificadas como históricas por especialistas, al exigir la mitigación de las fuentes de contaminación del río y dar atención médica especializada a los habitantes que viven cerca del cauce, en El Salto, Juanacatlán y Poncitlán.
Sin embargo, se desconocen las acciones realizadas y la respuesta entregada a la CIDH, pues la secretaría encabezada por Marcelo Ebrard ordenó reservar la información y no podrá desclasificarse hasta 2025, una vez que termine la actual administración.
La razón que alega la SRE para ocultar la información es que "dar a conocer los documentos referidos implicaría atentar contra el principio de inviolabilidad de la correspondencia diplomática".