ONG advierte riesgos de la reforma judicial y militarización
Debido a que en nuestro país más del 93% de los delitos que se denuncian quedan impunes, la organización México Evalúa advierte sobre la falta de atención a las causas y los riesgos que la Reforma judicial y la militarización suponen para las instituciones de justicia penal.
El reporte "Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal", presentado en la capital mexicana, el año pasado muestra que tienen más índices de impunidad Oaxaca (99.9 por ciento), Jalisco (99.1 por ciento) y Colima (97.5 por ciento).
Los delitos con mayores índices de impunidad el año pasado fueron desaparición forzada (99.5 por ciento), extorsión (98.3 por ciento), fraude (97.2 por ciento) y homicidio doloso (96.8 por ciento).
El informe resalta las deficiencias del sistema de justicia penal mexicano y que "la sobrecarga en fiscalías, juzgados y defensorías públicas puede llevar a errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo el debido proceso".
También destaca que en 2023, cada fiscal o agente del Ministerio Público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un aumento de 71 por ciento, frente a las 181 reportadas en 2022; mientras que cada juez en materia penal atendió en promedio 356 causas, cuando el año anterior fueron 335.
La ONG advierte que los promotores de la reforma judicial aseguraron que la reforma contribuirá a reducir la impunidad, pero "en realidad se ignoraron sus causas y condiciones".
Además alertó que "involucrar a la Guardia Nacional en la investigación de delitos distorsionará la justicia penal, ya que su formación militar carece del enfoque en seguridad ciudadana y derechos humanos necesario para una investigación efectiva".
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, dijo que "actualmente, solo 3.6 por ciento de las carpetas de investigación llegan ante un juez, debido en gran medida a la falta de capacidades de investigación criminal".
Mariana Campos, directora general de la organización dijo que "para mejorar la justicia penal, se necesita fortalecer a las instituciones con personal capacitado y suficiente".
"Para lograrlo, no bastará con invertir más recursos. Se debe replantear su distribución con una visión de sostenibilidad, inclusión y orientación a resultados".
México Evalúa destacó que los procesos penales más rápidos fueron mediante acuerdos reparatorios, con 214 días en promedio; mientras que los juicios orales fueron los más largos, con 553 días.
La ONG cuestiona el acceso a una justicia pronta y expedita que promete la próxima elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025.
