La relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, expresó su preocupación este viernes por la detención arbitraria de activistas indígenas en México. Lawlor señaló que al menos nueve defensores han enfrentado penas de prisión prolongadas, y pidió la revocación de estas sentencias, así como su liberación inmediata.
"No solo han sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además son sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada", afirmó la relatora en un comunicado. Según Lawlor, estas acciones parecen tener como objetivo impedir que los activistas continúen defendiendo los derechos humanos y a sus comunidades.
Entre los casos destacados, Lawlor mencionó a Kenia Hernández, Tomás Martínez, Saúl Rosales, Versaín Velasco, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez, Juan Velasco y Agustín Pérez Domínguez, quienes enfrentan condenas que van desde los 20 hasta los 58 años de prisión. Según la relatora, estas personas fueron acusadas de delitos graves, como asesinato, "incluso en casos donde no estaban presentes en el lugar de los hechos".
La experta calificó estas condenas como un preocupante uso indebido del derecho penal contra defensores indígenas, quienes a menudo son líderes comunitarios. "Este patrón parece buscar limitar su capacidad de proteger a sus comunidades y defender los derechos humanos en general", subrayó.
Lawlor también destacó el caso del líder zapoteca Pablo López, quien lleva 14 años detenido sin sentencia. En 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que su encarcelamiento violaba el derecho internacional, sin que hasta ahora se haya tomado acción para remediarlo.
Un ejemplo positivo, aunque excepcional, fue la revocación de la sentencia de 46 años contra David Hernández Salazar. La relatora celebró este fallo, aunque subrayó que demostraba la existencia de acusaciones fabricadas, una práctica que parece repetirse en los otros casos mencionados.
Ante esta situación, Mary Lawlor llamó a las autoridades mexicanas a garantizar que los derechos humanos de los defensores indígenas sean respetados y protegidos. Además, instó a revisar los casos de los activistas detenidos y a liberar a quienes han sido privados de su libertad de manera injusta.
La relatora recordó que los defensores de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la protección de las comunidades más vulnerables y que, lejos de ser criminalizados, deben recibir apoyo y reconocimiento por su labor.