La cuenta pública 2016 del Consejo de la Judicatura presenta irregularidades por 23.9 millones de pesos, de los cuales, 18.3 millones corresponden a la contratación de seguros de gastos médicos para los trabajadores y sus familias, en donde también fueron incluidos los Magistrados.
La observación se hizo porque en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado se establece como una prohibición la contratación de seguros de gastos médicos, pero esta práctica prevalece, reconoció el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro Esteves.
El argumento, la misma Ley, que establece que esta prestación puede entregarse "salvo que por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación", por lo que si también se considera que se trata de una irregularidad al analizarse la cuenta pública de este año, la justificación será la misma.
De la misma manera, se aplica el apoyo de gasolina, puesto que hay actividades laborales que requieren salir de la ciudad y por ello es que se les entrega este apoyo a los trabajadores, según se avaló en el contrato colectivo de trabajo.
En cuanto a la cuenta pública de 2016, Ricardo Suro consideró que se solventarán todas las observaciones, pues ya fueron entregadas las justificaciones de cada gasto al órgano técnico de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y se espera que en una segunda revisión, la Auditoría Superior del Estado avale estos argumentos y no se finquen responsabilidades.